Acuerdo destraba fuero de Seguridad Social

El Gobierno firmó un acuerdo de solución amistosa con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre la reactualización de haberes jubilatorios, en el que básicamente el Ejecutivo se compromete a desistir de todas las apelaciones de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) ante la Justicia en causas de reajustes previsionales, así como organizar un sistema de liquidaciones de sentencias judiciales que asegure el cumplimiento de las sentencias firmes a favor de los demandantes.

Malas noticias para la ANSES, que deberá orquestar un nuevo sistema de liquidación e invertir una gran cantidad de dinero para pagar por las demandas que hasta hace poco se negaba a reconocer. En el fuero de Seguridad Social, en cambio, festejan. Colapsado hace años por litigios entre los jubilados y el organismo previsional, el compromiso del Gobierno de desistir en sus recursos judiciales actuales y no apelar en el futuro les dará aire a los juzgados y a la Cámara, que el año pasado llegó incluso a suspender la recepción de casos.

En noviembre pasado, el Gobierno alcanzó ante la CIDH un acuerdo, en el proceso de solución amistosa a satisfacción entre el Estado nacional y un grupo de jubilados que habían litigado contra el Estado argentino en 1995. Los casos «Caride» y «Menéndez» llegaron al tribunal continental a partir de una presentación contra la Argentina por la violación de distintos derechos y garantías tuteladas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Denuncia

Entre argumentos ofrecidos, los demandantes denunciaron la violación a los derechos a un recurso judicial efectivo, a la garantía de plazo razonable, así como la violación de los derechos de la propiedad privada, a la igualdad ante la ley, a los derechos a la salud, al bienestar y a la seguridad social en relación con el deber de trabajar y aportar a la seguridad social, todos aspectos contemplados dentro de la carta de la Convención Americana.

Luego de que la CIDH hiciera lugar a ambas causas, se inició un proceso de solución amistosa, que culminó el miércoles pasado con la firma de este acuerdo entre Cristina de Kirchner y la presidenta del tribunal interamericano, Luz Patricia Mejía Guerrero.

El convenio precisa que el Gobierno se compromete a cumplir «todas las sentencias judiciales aún pendientes de ejecución, salvo en disposición contenida en la propia sentencia judicial firme. En consecuencia, la ANSES deberá pagar en efectivo 13.681 sentencias de primera instancia y 6.688 sentencias de Cámara, favorables a los jubilados. En este punto, también accedió a «instrumentar un sistema de liquidación de sentencias judiciales que garantice el cumplimiento de las decisiones en los términos y plazos especificados por el propio fallo judicial firme».

Por otro lado, el acuerdo también establece que el Gobierno no apelará «las sentencias judiciales de primera instancia o segunda instancia que hubieran sido favorables a los beneficiarios». Desistirá, además, dentro de los próximos 60 días de «los recursos judiciales que ya hubieran sido presentados ante la Corte Suprema o ante la Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social, contra sentencias favorables a los beneficiarios».

Como último punto, el acuerdo obliga al Estado argentino a establecer un «mecanismo de seguimiento periódico» del cumplimiento de los puntos señalados anteriormente. Por su parte, la representante de la CIDH aceptó integrar el Observatorio de la Seguridad Social, creado para monitorear y analizar el efecto de las políticas de seguridad social.