Acuerdo con judiciales tras dos meses de huelga

Buenos Aires - Luego de dos meses de conflicto, que incluyó paros, movilizaciones y cortes de ruta, los judiciales bonaerenses finalmente aceptaron, por mayoría, un aumento salarial del 22% para los cargos más altos del escalafón de empleados y del 27% para los más bajos, en ambos casos retroactivo a marzo.

De esta manera, la actividad judicial empezará lentamente a normalizarse en los próximos días, ya que las medidas de fuerza mantenían paralizados a los tribunales de la provincia, lo cual había provocado quejas de los colegios de abogados que derivó en la decisión de la Corte de prórroga los plazos de los vencimientos.

La oferta salarial fue debatida durante la mañana por asambleas en las 18 departamentales, de las cuales un total de 12 (Bahía Blanca, Azul, Dolores, Junín, La Matanza, Mar del Plata, Mercedes, Necochea, Pergamino, San Isidro, San Martín y Trenque Lauquen) aceptó la propuesta y 6 la rechazaron (La Plata, Lomas de Zamora, Morón, Quilmes, San Nicolás y Zárate-Campana).

El Gobierno propuso también la constitución de una mesa de trabajo con el objeto de reiniciar la discusión sobre la Ley de Paritarias y el sistema de porcentualidad que comenzaría a funcionar antes de fin de mes.

Acerca de los descuentos por los días de paro, la Corte estaría dispuesta a revisar su aplicación.

La última propuesta de aumento fue reapor el Gobierno en el marco de una reunión conciliatoria convocada por la Suprema Corte de Justicia de la provincia, un hecho inusual para la historia del máximo tribunal provincial.

En ese encuentro, participó la totalidad de los integrantes de la Corte bonaerense; los ministros de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, y de Trabajo, Oscar Cuartango, y la cúpula de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) encabezada por su titular, Hugo Blasco.

De hecho, las partes hicieron saber «su conformidad con la intervención y actividad de la Suprema Corte».

Rechazo

El viernes pasado, un congreso extraordinario de la AJB había rechazado «por insuficiente y discriminatoria» una oferta salarial del 21% para los cargos más altos y del 26% para los más bajos.

Esa propuesta anterior sólo fue mejorada en un punto porcentual, pero esta vez pudo ser aceptada porque la votación se realizó por departamentales y no en un Congreso, donde quienes ahora rechazaron la oferta hubieran tenido mayor poder de decisión.