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Admite la región que Zelaya no volverá al poder. Recrudece la violencia ¿política?
El funcionario del Departamento de Estado norteamericano Craig Kelly llegó ayer a Tegucigalpa para un nuevo intento de reflotar las negociaciones. Asesinaron al hermano de un ex presidente, pero el Gobierno de facto niega brote de violencia política.
En una sesión especial de la Organización de Estados Americano (OEA), el chileno Insulza dijo que, en este contexto, «no se podría ni siquiera considerar» el envío de una misión observadora a los comicios del 29 de noviembre, a los que pretende llegar en funciones el presidente de facto Roberto Micheletti. Esas elecciones, que según las encuestas serían ganadas por Porfirio Lobos (Partido Nacional) por Elvin Santos (Partido Liberal), ambos de derecha y partidarios del golpe de Estado del 28 de junio contra Manuel Zelaya, son la apuesta principal del Gobierno de facto para legitimarse, pero son desconocidas por casi toda la comunidad internacional. El representante de Brasil ante la OEA, Ruy Casaes e Silva, calificó la situación en Honduras como una «telenovela», y reiteró que el Gobierno que encabeza Roberto Micheletti está «actuando como hicieron siempre, con mala fe».
En la misma línea, el argentino Rodolfo Gil aseguró que el Gobierno de Cristina Kirchner «no reconocerá absolutamente ningún tipo de gobierno en la crisis de ruptura institucional en la que se encuentra hoy el querido país de Honduras». «Un usurpador ha tomado el Gobierno de Honduras», por lo tanto, «el reloj no corre en contra de la legalidad en Honduras sino en contra de los que han roto la legalidad», resumió Gil.
La excepción a un pesimismo generalizado expresado por los países del continente es el Gobierno de Barack Obama, que hasta podría reconocer las elecciones aunque no sea repuesto Zelaya. Obama envió nuevamente a un emisario para tratar de mediar entre Micheletti y el depuesto Zelaya, quien se encuentra alojado en la Embajada de Brasil, en Tegucigalpa, desde agosto.
El 30 de octubre pasado fue firmado un acuerdo entre ambas partas para la restitución de Zelaya en el cargo, con severas limitaciones en su poder real, y la conformación de un Gobierno de unidad. A ese pacto se llegó tras una mediación de alto nivel de funcionarios norteamericanos, cuando las negociaciones estaban en punto muerto. Micheletti envió el documento para que reciba el aval del Congreso, que dilató la definición todo lo que pudo. Irónicamente, el Gobierno de facto «exigió» ayer al Parlamento, dominado por aliados, que arribe a una decisión.
El nuevo enviado de la Casa Blanca es Craig Kelly, adjunto al subsecretario para América Latina, quien permanecerá en Tegucigalpa hasta hoy para «tratar de hacer avanzar este proceso hacia unas elecciones libres y justas», dijo el Departamento de Estado. El propio Zelaya dio por «fracasado» el acuerdo el domingo pasado y se negó a suministrar los nombres requeridos por Micheletti para formar el denominado Gobierno de unidad. Ayer, Insulza avaló la decisión del mandatario constitucional.
En la OEA, el representante de EE.UU., Lewis Amselem, alertó que si se rechaza el resultado de los comicios antes de su celebración, se violaría el derecho de los hondureños a determinar su propio futuro.
En tanto, más hechos de violencia se suceden en Honduras contra referentes indirectos del Gobierno de facto, aunque las autoridades se niegan a interpretarlos como hechos políticos. El país centroamericano es uno de los que más sufre en el mundo la violencia delictiva.
El hermano del ex presidente Rafael Callejas fue asesinado ayer en una calle de Tegucigalpa. El empresario José Eduardo Callejas fue ultimado por dos sicarios que le dispararon a la cabeza mientras manejaba su camioneta por un barrio marginal de la capital. El ex presidente Callejas (1990-1994) había apoyado el golpe de Estado, estaba acusado de corrupción y recientemente le había sido retirada la visa estadounidense. El asesinato de su hermano se suma a la muerte a tiros el lunes de un candidato a alcalde en el interior del país, Nelson Portillo (conservador) y al ataque que sufrió el sábado el fiscal general, Luis Rubí, que salió ileso del incidente. La semana pasada también se reportaron ataques con artefactos explosivos en la capital, que tuvieron como blanco una radio afín al Gobierno de facto, una firma de telefonía móvil y unos baños públicos en el centro del país.
Como contracara, José Alfredo Jalil, de 81 años, acaudalado empresario, dirigente liberal y padre del viceministro de Defensa de Honduras, Gabo Jalil, fue liberado ayer tras 14 días de secuestro, que habría sido meramente extorsivo.
Agencias ANSA, AFP, DPA y EFE

