El Banco Mundial aprobó una serie de créditos para la Argentina, pero no se privó de lanzar duras críticas y también sugerencias. En un largo informe, advirtió sobre la injerencia del Estado en la economía, asegurando que «nuevas medidas de esta índole podrían debilitar la seguridad jurídica y el Estado de Derecho».
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El trabajo en el que se detalla la «Estrategia de Asistencia al País» resume lo sucedido en la Argentina desde 2003, tanto desde el punto de vista económico como social. Y no deja ningún tema urticante para el Gobierno por tocar. Por ejemplo, asegura que «será esencial recuperar la confianza en el INDEC, cuyos informes son crecientemente cuestionados por el sector privado, la prensa y la sociedad».
Además, durante varios pasajes de las 176 páginas alude a la necesidad de «recuperar el clima de inversión» para atraer nuevos fondos, como también para recuperar el financiamiento en el mercado de capitales.
Pero no todas son críticas. Entre los aspectos positivos, destaca el «fuerte crecimiento» que se mantuvo hasta mediados de 2008, el superávit fiscal (aun debilitado este año) y la cómoda posición de reservas del Banco Central para hacer frente a las presiones sobre el tipo de cambio. También resalta la sólida situación de los bancos, aunque advirtiendo sobre el escaso peso del crédito en relación con el PBI (alcanza apenas el 12%).
Éstos son algunos pasajes centrales del informe elaborado por el Banco Mundial en relación con la Argentina:
A fin de mitigar con éxito los riesgos en el mediano plazo, hará falta fortalecer el clima de inversión, respaldar el desarrollo del sector privado y garantizar la presencia de un entorno institucional y jurídico previsible.
Las próximas elecciones de mitad del período añaden un nuevo componente de riesgo político.
En vista de que las perspectivas económicas son inciertas, gran parte del financiamiento propuesto por el Banco se destinará a ayudar al Gobierno a fortalecer el sistema de redes de protección social y otros programas sociales.
La capacidad del país para poner en práctica políticas anticíclicas se ve limitada por el escaso acceso a las fuentes de financiamiento, en particular las externas.
Las posibles presiones sobre el tipo de cambio y la fuga de capitales constituyen una fuente de vulnerabilidad en el mediano plazo.
Se espera que el crecimiento decaiga marcadamente en 2009 y 2010, del 7% a entre el 0% y el 1%.
Una hipótesis más pesimista podría incluir nuevas caídas en los precios de los productos básicos y un crecimiento negativo del PBI en 2009 y 2010 (-3% y -2%, respectivamente). Si esto sucede, es probable que el tipo de cambio se devalúe considerablemente.
Si bien es probable que el Gobierno logre hacer frente a sus necesidades de financiamiento durante 2009, las perspectivas económicas de la Argentina para 2010 serán difíciles si las condiciones mundiales no mejoran.
El desempeño de la Argentina en el área de la regulación, menor que el promedio de los países de ingreso medio, y el elevado nivel de percepción de corrupción debilitan la base para la inversión privada, en especial en infraestructura.
Inversores nacionales y extranjeros han expresado preocupación por la prórroga de las leyes de emergencia económica y la legalidad de políticas que se han volcado a brindar al Estado un papel de mayor peso en la prestación de servicios sociales y la regulación del mercado. Nuevas medidas de esa índole podrían llegar a debilitar la seguridad jurídica y el Estado de Derecho.
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