Agita la campaña en Chile la polémica por la jubilación privada

Prolija al máximo, al punto que no suelen verse graffiti en los frentes de viviendas y comercios, la propaganda callejera para las elecciones chilenas se realiza a través de carteles que se colocan en las veredas. El sector que apoya al millonario Sebastián Piñera hace sentir su capacidad de despliegue.

Santiago - El sistema de jubilación privada en Chile alcanza ya 29 años de vigencia. Sin embargo, pese al pergamino que supone para algunos economistas locales el hecho de haber establecido un modelo pionero, imitado en diferentes rincones del mundo, qué hacer con las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP) agita el debate electoral una y otra vez.

Ocurrió hace cuatro años, cuando la denuncia de las deficiencias del régimen jubilatorio fue un caballito de batalla de la entonces candidata Michelle Bachelet, y vuelve a serlo ahora, cuando culmina el Gobierno de la médica socialista, quien emprendió una reforma que mantuvo los grandes trazos del sistema original.

Con un énfasis especial ante una consulta de este diario, José Piñera, ex ministro de Trabajo de Augusto Pinochet, dice vivir «en aviones exportando el exitoso sistema de AFP», así, sin la «J» que incluyó la versión argentina del modelo. Piñera, autor intelectual del sistema lanzado en 1980 y hermano de Sebastián, el candidato presidencial favorito para las elecciones del domingo, define a las pensiones privadas como «la mayor creación de riqueza en beneficio directo de los trabajadores en toda la historia de Chile».

Los entusiastas elogios a su creación son comprensibles, ya que los críticos que debe rebatir no son menores. La propia Bachelet fue lapidaria hace tres años, al lanzar el proyecto de reforma. «El sistema (de AFP) tiene baja cobertura, baja densidad de cotizaciones, deja afuera a una enorme cantidad de trabajadores independientes, casi el 95%, muestra poca competencia y altas comisiones; no da cuenta de las complejidades del trabajo moderno, alta rotación, alta informalidad ¿No es verdad?», preguntó al auditorio compuesto por sindicalistas, empresarios y expertos en previsión social.

¿Qué habrá pensado José Piñera de la estatización de las jubilaciones dispuesta por Cristina de Kirchner el año pasado? «Barbarie en la Argentina» fue el título de su artículo de hace un año en el que analizó la experiencia de nuestro país.

Una encuesta oficial de 2004 sobre protección social arrojó que de cada 40 años de trabajo, el chileno promedio sólo aportaba a su AFP 21. Además, el de las mujeres era el segmento más afectado por la informalidad laboral y el cuentapropismo. Con toda una generación ya jubilada, el panorama social se había vuelto preocupante, aunque Bachelet nunca dejó de reconocer «éxitos y beneficios» del sistema privado. Entre ellos, se cuenta la financiación de la notable ampliación de la red de subtes que sorprende a los visitantes periódicos de la capital chilena.

La de ayer fue una tarde soleada y agradable en Santiago. Las inmediaciones de La Moneda se veían tranquilas por el feriado.

En esta suerte de impasse en la campaña, referentes de los candidatos expusieron ante Ámbito Financiero su evaluación de las reformas encaradas por la presidenta chilena y sus propuestas para el futuro.

Salvador Valdés, coordinador del equipo de Previsión Social del Grupo Tantauco (conglomerado de think tanks de la campaña de Sebastián Piñera), consideró que la Reforma Previsional de 2008 es correcta «en términos generales».

En su aspecto central, el cambio que impulsó Bachelet fijó un ingreso variable a cargo del Estado para el segmento que va desde los que, estando en edad jubilatoria, no recibían ningún ingreso propio ni de su entorno familiar (el beneficio llegará a u$s 150), hasta montos progresivamente menores para los que percibían hasta u$s 300. Según el Gobierno, en una primera etapa se ha beneficiado a 610.000 personas de más de 65 años, y alcanzará a 1,3 millón hacia 2012.

El Ejecutivo de la Concertación desestimó la creación de una AFP estatal, como existió en la Argentina con Nación AFJP, y mucho menos consideró la hipótesis de volver a generar un sistema público de reparto que coexista con el régimen privado.

Las administradoras son en este momento sólo cinco, cuando llegaron a ser 20 en décadas pasadas. La última fue creada en 1994. Valdés anunció que, para abrir el mercado, un Gobierno de la alianza conservadora propondrá un sistema de licitación para nuevas administradoras.

«No a la AFP estatal. Se requiere una intervención inteligente, y no un problema de gestión de acuerdo con la influencia indebida de las autoridades políticas de turno», enfatizó.

Por el contrario, Paul Fontaine, un empresario de tendencia social-liberal, ministro de Economía de una eventual gestión del candidato independiente de centroizquierda Marco Enríquez-Ominami, definió ante este diario que la solución pasa por «una AFP estatal, y estamos analizando, no es una decisión tomada, que pueda volver el sistema de reparto».

En la oficialista Concertación defienden la reforma emprendida por el Gobierno, aunque hay voces en la alianza de centroizquierda que reclaman más cambios.

*Enviado Especial a Chile