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Ahora buscan que Macri acepte pase de Justicia
Se trata de la norma 26.702, promulgada en octubre de 2011, que aprueba la tercera transferencia de competencias penales de la Justicia nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero que aún la Legislatura no aprobó, ni trató.
Dentro de esas competencias está la de juzgar los actos de corrupción del Gobierno porteño, mientras que el macrismo demora la aceptación porque reclama fondos del Gobierno nacional para que los jueces porteños se ocupen de esos temas.
«La demora en el tratamiento de las transferencias penales a la órbita de la Ciudad es entendible en función de la falta de interés de Macri de afianzar la autonomía porteña. Esto fue demostrado en sobradas oportunidades, como con el traspaso de los subtes», aseguró el legislador Ibarra, quien integra el interbloque kirchnerista.
El proyecto de ley del exjefe de Gobierno sostiene que «la estructura actual del Poder Judicial de la Ciudad está en condiciones de asimilar el impacto de la transferencia de los delitos contemplados en la Ley Nacional 26.702, no requiriendo para ello ni de la creación de nuevos órganos ni de la adaptación de los existentes».
Para Ibarra, «ampliar las competencias del Poder Judicial porteño hacen al pleno ejercicio de la autonomía local. Al igual que el resto de las provincias, es procedente que la Ciudad de Buenos Aires juzgue los delitos producidos en su jurisdicción y que no sea la Justicia nacional quien se ocupe de ello».
La iniciativa fue firmada también por los diputados Susana Rinaldi (Ibarra), Rubén Campos (UCR), Claudio Palmeyro (Bloque Sindical Peronista), Juan Cabandié (Frente para la Victoria) y, entre otros, Edgardo Form y Delia Bisutti (Nuevo Encuentro).
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