Alivio para Temer: un Congreso indiferente recibió la denuncia por corrupción pasiva
Comienza ahora el trámite sobre su suspensión por 180 días. Lo ocurrido ayer alimentó el optimismo oficial.
Frialdad. Una Cámara de Diputados semivacía fue ayer el escenario de la lectura de los cargos por corrupción pasiva contra el presidente Michel Temer.
Brasilia - La denuncia por corrupción formulada contra el presidente de Brasil, Michel Temer, fue leída ayer en un pleno casi vacío de la Cámara de Diputados, en lo que fue el primer paso formal del trámite que definirá si el mandatario es suspendido por 180 días para que responda a un juicio penal.
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La lectura de las 64 páginas en que están volcados los cargos por corrupción pasiva (recepción de coimas) presentados por la Procuración General de la República fue realizada en el pleno de la Cámara baja por Mariana Carvalho, segunda secretaria de la Mesa Directiva del cuerpo.
A pesar de la relevancia del asunto, el hemiciclo estaba casi vacío y a duras penas se alcanzó el quórum mínimo de 51 diputados, sobre un total de 513 requerido para el inicio de una sesión.
La notoria ausencia de parlamentarios fue interpretada como una prueba de la fuerza que Temer mantiene en la Cámara baja, en la que los partidos de la coalición oficialista todavía conforman una clara mayoría, pese a que menguó al calor del escándalo que tiene en vilo a Brasil.
El documento que detalla los cargos formulados contra el mandatario por la Fiscalía fue remitido por el Supremo Tribunal Federal a Diputados, que deberá determinar si la denuncia procede. La decisión debe tomarse con dos tercios de los votos, lo que gatillaría la suspensión del mandatario por 180 días, período durante el cual el Supremo procedería a juzgarlo.
El voto, que llegará después del tratamiento del caso en la Comisión de Constitución y Justicia, será nominal y a viva voz, lo que resulta un compromiso para muchos legisladores. El Gobierno confía en superar el tercio de los votos que requiere para hacer caer la acusación, pero necesita apurarse para evitar que las deserciones que se están produciendo en su base aliada ponga en riesgo ese objetivo. Algo le juega, con todo, a favor: al menos 180 diputados enfrentan también denuncias de corrupción, y creen que la caída de Temer derribaría la última barrera para que también ellos caigan en manos de la Justicia.
Temer es acusado de corrupción pasiva sobre la base de unas confesiones de directivos de la empresa cárnica JBS, las que sostienen que recibe sobornos de ese grupo desde 2010 y que esas prácticas se mantuvieron cuando asumió el poder, en mayo del año pasado, después de que comenzó el juicio político que llevó a la destitución de Dilma Rousseff.
Según la Constitución brasileña, un gobernante en pleno ejercicio del cargo sólo puede ser investigado por un delito de carácter penal si hubiera sido cometido durante su mandato, lo cual, según sostiene la Fiscalía, es el caso de Temer, el primer gobernante sometido en el país a un proceso de esta naturaleza.
La Comisión de Constitución y Justicia comenzará sus reuniones la semana próxima y tendrá un plazo de hasta quince sesiones para debatir el caso y aprobar o rechazar un informe que luego será remitido al pleno de la Cámara.
El STF, en tanto, ratificó ayer el valor legal de las confesiones de los directivos de JBS, uno de los cuales, Joesley Batista, incluso grabó a Temer en la residencia oficial. En esos audios, el jefe de Estado aparece consintiendo varias ilegalidades.
En el mismo fallo, el alto tribunal confirmó como instructor de ese caso al juez Edson Fachin.
Por otra parte, en otro hecho que llevó alivio al Congreso, una comisión del Senado respaldó ayer el proyecto oficial de flexibilización laboral. La reforma pasa ahora al pleno del Senado, donde Temer conserva aún mayoría.
