19 de abril 2013 - 00:00

Allanó la Justicia federal la sede de la CGT de Moyano

Hugo Moyano
Hugo Moyano
La Justicia allanó la sede de la CGT, en la calle Azopardo. El procedimiento fue ordenado por el juez federal Claudio Bonadío en una causa en la que se investiga una presunta sustracción de documentos en un organismo de la central obrera. El expediente se activó luego de la ruptura entre Hugo Moyano y el Gobierno, y de la creación de una nueva CGT de cariz oficialista.

Por orden del magistrado, el miércoles de la semana pasada dos policías de civil se presentaron a primera hora de la mañana en el edificio de la central sindical. El procedimiento, que careció de espectacularidad, se concretó con reserva en el tercer piso, donde funciona la Comisión Arbitral de la CGT, encargada de dirimir contiendas entre gremios por la representación de trabajadores.

Los efectivos buscaban un acta con la resolución de una controversia entre el gremio de juegos de azar (Aleara) y la filial salteña de la Asociación Bancaria. Era una disputa por la representación del personal del Casino de las Nubes, que durante años perteneció a la Caja de Previsión de Salta y luego fue comprado por la española Cirsa. El allanamiento no permitió encontrar el expediente.

La controversia sólo llegó a la Justicia federal en agosto del año pasado, cuando ya era formal la ruptura de Moyano con sus rivales sindicales y se encontraba en formación la CGT oficialista. Aleara, encabezada por Mariano Zeiss pero capitaneada por el legislador porteño Daniel Amoroso (alineado con Francisco de Narváez a nivel nacional) se alejó del camionero y pasó a integrar las filas del metalúrgico Antonio Caló.

Aleara denunció entonces la supuesta desaparición del acta elaborada por la Comisión Arbitral de la CGT, que había resuelto la controversia por encuadramiento a favor suyo. Bonadío recibió el expediente y lo caratuló como una supuesta sustracción de documento público. El mismo día de la requisa en CGT el juez ordenó allanar el sindicato de empleados del gas, que lidera Oscar Mangone, a su vez secretario de la Comisión Arbitral de la central.

La causa judicial es consistente con el nuevo posicionamiento de Aleara, pero incluye chispazos políticos. Además de Amoroso, la denuncia fue impulsada por el abogado del gremio de azar Mauricio D'Alessandro, diputado bonaerense por el partido de De Narváez y panelista de programas de chimentos.

La velocidad que cobró la investigación sorprendió a denunciantes y denunciados. Sin embargo, Bonadío la pondrá ahora en pausa a la espera de documentación pedida a la Sala V de la Cámara del Trabajo, adonde Aleara realizó una presentación para exigir la aparición del documento perdido.

En tanto, el juez podrá analizar una auditoría que le entregó durante el allanamiento Mangone. El dirigente aseguró que una vez hecha la denuncia de Aleara ante el órgano administrativo de la CGT, se les pidió a los abogados constatar eventuales faltantes. En esa revisión admitieron entre cinco y seis actas perdidas relacionadas con conflictos de encuadramiento.

En la Comisión Arbitral dijeron sospechar del origen de la denuncia. Mencionaron que los abogados de Aleara tenían acceso a los expedientes y que dieron cuenta de la desaparición de actas que tenían que ver con gremios que terminaron enfrentados con Moyano.

Este año los tironeos con otros gremios resultaron adversos para el camionero. En los casos de los trabajadores de logística del mayorista Maxiconsumo y de varias cadenas de supermercados de Córdoba, el Ministerio de Trabajo falló en contra de Moyano, para beneficio del gremio de Comercio. De igual forma, la cartera laboral se pronunció contra el dirigente opositor en la disputa con el sindicato de tintoreros por los trabajadores del transporte de los lavaderos industriales.

D'Alessandro aseguró que además de la causa que instruye Bonadío hay otros expedientes en la Justicia federal relacionados con la Comisión Arbitral. Mencionó una contienda entre Camioneros y el sindicato de Perfumistas (por el transporte de productos de una multinacional de cosmética) y otra de Aleara versus el Sindicato de Obreros Marítimos (SOMU) por el personal del Casino Flotante de Puerto Madero. Ambas, según el abogado, en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral.

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