Amenaza a opositores: deberán pagar costas por uso de reservas

Cristina de Kirchner

Joaquín da Rocha le prestó un último servicio al Gobierno antes de dejar la Procuración del Tesoro que hasta ahora no había sido conocido: le pidió a la Justicia que declarara la caducidad de instancia en el juicio que diputados de la oposición le habían iniciado por el uso del DNU 2.010/2009 (por el que Cristina de Kirchner intentó crear el Fondo del Bicentenario para cancelar deuda con reserva) y que se regularan honorarios para la Procuración y costas interpretando que esa disputa había sido ganada por la Casa Rosada.

En otros términos: el ex procurador pidió que se diera por cerrada la causa y se condenara a pagar costas en ese juicio a Alfonso Prat Gay, Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Juan Carlos Vega.

Amenaza

La movida de Da Rocha operó como una amenaza a la oposición: quien litigue contra el Gobierno deberá pagar, una idea que, de aplicarse, inmovilizará por miedo cualquier presentación que se realice en la Justicia en contra de un decreto de Cristina de Kirchner.

La noticia llegó al Congreso y provocó pavor. Es claro que en este caso, el cálculo de las costas y de los honorarios del procurador y sus empleados no podrían calcularse sobre el monto de la demanda, como sería en una causa ordinaria. Pero no está claro aún el criterio que aplicaría la Justicia si aceptara el pedido de Da Rocha.

Por lo pronto, el único monto de referencia que se tiene es suficiente para generar pánico entre quienes presentaron la demanda contra el Gobierno: el Decreto 2.010, en su parte litigiosa, ya que establecía además pagos a organismos internacionales que nunca fueron cuestionados, involucraba u$s 4.382 millones. Imposible pensar que ésa será la base de cálculo para los honorarios de la Procuración y las costas del juicio, a menos que la Justicia piense llevar a la quiebra a los diputados que iniciaron la demanda en su momento.

Pero el susto fue suficiente como para que apuraran la presentación de una apelación a ese pedido del ex procurador: el jueves 23 de diciembre, en medio de la ola de calor, los abogados de los diputados redactaron la presentación para dejarla lista antes que los tribunales cierren por la feria de verano.

Honorario

La Procuración del Tesoro se maneja con una resolución que le permite exigir honorarios tanto para el procurador como para los abogados y los administrativos en las causas que ganen defendiendo al Estado. Pero ese principio tiene una condición: que los funcionarios se encuentren en su cargo en el momento de cobrarlos. Es decir, que la regulación de los honorarios, de aceptarse, tendría efecto para el equipo de la Procuración, pero no para Da Rocha, ahora fuera de la administración.

La idea del Gobierno, entonces, es que cualquier opositor que decida litigar contra el él lo piense dos veces antes de firmar un escrito. Pero la defensa de Pinedo, Prat Gay, Bullrich y Vega argumentará que en realidad el Gobierno no ganó la causa por el uso de reservas al firmar el nuevo decreto del Fondo de Desendeudamiento, sino que reconoció la imposibilidad de aplicar el 2.010 al haberlo derogado, tal como anunció Cristina de Kirchner en su mensaje de apertura de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo de este año.