Amparo contra Alperovich por discriminar a un diario

José Alperovich

La empresa Multimedios Norte SA, propietaria del diario El Tribuno de Tucumán, presentó un recurso de amparo ante la Justicia federal de esa provincia contra el Gobierno de José Alperovich por incumplimiento del artículo 76 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

En el escrito, el abogado patrocinante, José Espejo, reclama que la Justicia interceda y ordene al Estado provincial «cesar de inmediato con su actitud discriminatoria, consistente en excluir al diario El Tribuno de Tucumán de la pauta oficial».

No se trata de la primera batalla judicial por la asignación de publicidad. En 2009, la Corte Suprema de Justicia hizo lugar a un recurso extraordinario de Editorial Perfil por el reparto de la publicidad oficial del Gobierno e insistió con que su distribución debe ser equilibrada entre todos los medios de comunicación. En esa oportunidad los jueces votaron por unanimidad el fallo, que en lo sustancial ratifica la doctrina sentada en otros anteriores a propósito del recurso planteado por Editorial Río Negro, en febrero de 2007 contra el Gobierno de Neuquén.

En el caso tucumano, se plantea que se «ordene distribuir la publicidad oficial en base a pautas transparentes e igualitarias». «Multimedios Norte SA, a pesar de intentar dialogar con el gobernador José Alperovich así como con el secretario de Medios y Difusión, Enrique I. Golobiski, no ha logrado ser parte en la distribución de la pauta, sí recibiéndola el diario de principal tirada en la provincia, lo cual deja al descubierto la ilegalidad y arbitrariedad, pues no es el único medio gráfico», argumenta el abogado.

Notorio

«La ilegitimidad es manifiesta y antijurídica -agrega-, ya que el Gobierno otorga anualmente publicidad oficial, de modo absolutamente discrecional, haciendo abuso de la misma, silenciando a mi mandante con su indiferencia ante nuestros reclamos».

A juicio del letrado, además del perjuicio económico por no percibir pauta oficial, El Tribuno de Tucumán se ve seriamente comprometido por la disminución en la venta de diarios «en tanto que muchos lectores se verán obligados a informarse por otros medios acerca de la gestión pública».

Como dato adicional a las presuntas irregularidades, el texto recuerda que Tucumán no cuenta con una norma de acceso a la información pública. En 2008, asociaciones de derechos civiles presentaron cinco reclamos formales de acceso a la información, entre mayo y septiembre de ese año, sin recibir ninguna respuesta oficial a sus planteos.