Amplían procesamiento a Báez por lavado de dinero

Lázaro Báez y Martín Báez

 Antes de poner un pie en el avión que lo depositará hoy en Roma para una cumbre Vaticana sobre crimen organizado, el juez federal Sebastián Casanello descerrajó una ampliación del procesamiento contra Lázaro Báez por haber traído al país u$s 33 millones a través de la firma Helvetic Services Group, que terminaron depositados en las cuentas de Austral Construcciones. Como adelantó Ámbito Financiero, el magistrado -bajo fuego cruzado por su permanencia al frente de la causa- cumplió así con una de las exigencias de la Cámara Federal que le había solicitado indagar en esa pista cuando le dictó el primer procesamiento por lavado de dinero. Lo encontró responsable de haber intentado blanquear u$s 5,1 millones y le dictó un embargo por $ 100 millones. La medida firmada ayer por el juez incluyó un nuevo embargo pero por $ 800 millones. El procesamiento también recayó sobre su hijo Martín (sin prisión preventiva) y sobre el abogado que intentó profugarse, Jorge Chueco, quien permanecerá detenido. Los procesamientos alcanzaron a Julio Mendoza, expresidente del directorio de Austral, y al exgerente de Administración, Claudio Bustos.

Además, Casanello pidió formalmente la extradición de Marcelo Ramos, el apoderado de Helvetic, cuyo paradero confirmó la Justicia Suiza debe ser requerido por los canales formales. El magistrado ya cuenta con la autorización de la Corte para buscarlo.

En el nuevo juego de fuerzas, la ampliación del procesamiento dejará a Casanello más fortalecido frente a la audiencia en la que el lunes, la Sala II de la Cámara escuchará los argumentos que Leandro Báez -el menor de los hijos- presentará para desplazarlo de la instrucción del expediente.

Casanello recordó que existen diversas causas que buscan determinar cómo se originaron los fondos que luego fueron lavados (el delito precedente) pero que en esta ampliación, se concentró en la etapa de integración de esos fondos. Fue a modo de respuesta al pedido de "sinceramiento del objeto procesal" que Báez presentó ante el juez esta semana. "Aquí se investigan operaciones sospechadas de encubrir blanqueos de capitales, no las conductas que las originaron", subrayó Casanello que reiteró toda su hipótesis delictiva y quiénes habrían estado implicados en la maniobra de defraudación mediante facturación apócrifa.

"Se adquirieron bonos de la deuda soberana argentina -conversión de bienes, de dinero a valores negociables- en una plaza financiera del exterior, en Suiza, que luego se transfirieron mediante un sistema de caja compensadora a una cuenta de la firma Helvetic Services Group (...) y luego se vendieron en el mercado de valores de Rosario. El producto de esa liquidación fue entregado mediante el libramiento de nueve cheques, que luego serían endosados por esta última a favor de Austral Construcciones", describió Casanello el fundamento del procesamiento. Esta serie de movimientos, el juez los consideró "típicos" del lavado.

En su escrito de 86 carillas, el magistrado valoró el intercambio de mails entre los operadores encargados de la compra de esos bonos que finalmente fueron repatriados. "La operatoria investigada no tenía como objeto la lógica económica de inversión-ganancia, sino que el único fin de la utilización de dichos instrumentos fue disponer de un medio alternativo para repatriar dinero de origen desconocido, localizado en el extranjero, para finalmente ser introducido en la economía formal local bajo la simulación de legalidad", fue su conclusión, que pasó por alto el argumento defensivo de Báez acerca de que Helvetic invirtió en Austral y en IECSA de Ángelo Calcaterra para licitar por el proyecto de construcción de represas en Santa Cruz. Por último, el juez sostuvo que Helvetic era una suerte de "pantalla" que disimulaba a los verdaderos dueños e interesados en los negocios, rastreables sólo a través de sus apoderados.