Aníbal F. pide pruebas de presión a jueces

Aníbal Fernández

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, salió ayer a defender -como era esperable- el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, en medio de una polémica en la que cada sector plantea fuertes diferencias con los otros y el diálogo se aleja cada vez, al punto de que el jefe de la bancada de Diputados de PRO, Federico Pinedo, anunció que si el Gobierno no estaba dispuesto a reformar el cuerpo, su partido no iba a asistir a la ronda de diálogo (ver aparte). El debate se reavivó a partir de unas declaraciones del titular de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, quien aseguró el domingo pasado que el Consejo de la Magistratura necesitaba «cirugía mayor» e insistió en sus denuncias sobre presiones del oficialismo a los jueces. Fernández respondió al camarista al afirmar que todo lo que se dice contra ese cuerpo «es injustificado, innecesario y hasta amañado porque no tiene nada que ver con la realidad». «Me asombran estas palabras grandilocuentes que son absolutamente ampulosas pero que no dicen nada», agregó el jefe de Gabinete en declaraciones radiales, y exhortó a quienes acusan al Gobierno de supuesto hostigamiento a jueces o bloqueo de acusaciones contra magistrados a que revelaran quiénes eran los responsables.

Responsabilidades

La respuesta vino del titular del bloque de senadores radical y vicepresidente del Consejo, Ernesto Sanz, quien señaló que no iban a precisar nombres «porque todos saben quiénes son», aunque matizó su postura al resaltar que las presiones del oficialismo sobre la Justicia era responsabilidad de ambas partes. En este punto dio como ejemplo el avance de causas, una vez que los funcionarios abandonan la función pública, como las investigaciones contra la ex ministra de Economía, Felisa Miceli, y el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime.

También intervinieron ayer en el debate sobre la reforma el presidente del Consejo, Luis María Bunge Campos, el consejero y juez, Luis María Cabral, y la ex consejera y diputada de la Coalición Cívica, Marcela Rodríguez. Todos ellos impulsan una nueva modificación del cuerpo, centrada en evitar que el oficialismo tenga capacidad de veto, pero cada uno con propuestas diferentes respecto de cómo aplicarlo. Hasta el estamento de los jueces no logra ponerse de acuerdo respecto a los cambios que deben defenderse.

Posibilidad

Esta fragmentación ayuda al Gobierno que, a pesar de fijar su posición de no modificar la ley actual a través del nuevo ministro de Justicia, Julio Alak, durante el fin de semana y confirmarla ayer con las declaraciones de Fernández, matizó en ambos casos la postura al señalar que se iban a escuchar todas las propuestas sobre el tema. «Si hay cosas que mejoren la situación o que puedan mejorar las formas, ¿por qué no escucharlas? A priori, nadie puede decir yo no voy a modificar ni a cambiar nada», resaltó ayer el jefe de Gabinete.

Fernández también negó que el oficialismo tuviera la posibilidad de bloquear causas, destacó que desde su reforma en 2006 el Consejo era más eficiente y defendió a los consejeros kirchneristas, al citar los únicos dos juicios políticos que se habían impulsado desde 2006. Fue la respuesta a algunas de las críticas principales que la oposición y el resto de los estamentos indican sobre el Consejo, quienes, si en algo están de acuerdo, es que la Magistratura no puede mantenerse como está.