Anuncios no aplacaron ánimos de protesta

Como ocurre con cada anuncio que el Gobierno dedica al campo, el de ayer volvió a dejar un sabor amargo para el sector, que mantiene vigente la amenaza de realizar medidas de fuerza a partir del 10 de febrero. Si bien la declaración de la emergencia agropecuaria nacional fue bien recibida, la dirigencia rural insiste en que hacen faltan medidas de mayor alcance, que incluyan asistencia directa y una apertura del diálogo.
La prórroga del pago por un año de los impuestos nacionales -que se agrega a la ya aplicada en tributos provinciales en los distritos afectados por la sequía- era uno de los principales pedidos de los ruralistas, pero la lista de exigencias es mucho más amplia. Incluye la liberación de exportaciones de carne, grano y leche; revisión, y en algunos casos eliminación, del sistema de retenciones; y ayuda directa de $ 200 por vaca (hasta los primeros 500 vientres) y créditos no reintegrables de $ 500 por hectárea; según se desprende de la carta que la Mesa de Enlace envió a Cristina de Kirchner la semana pasada.
De este modo, las entidades siguen con la mirada puesta en el 10 de febrero, fecha en la cual, de no haber medidas de fondo, superadoras de las lanzadas hasta ahora, llamarían a una medida de fuerza de alcance nacional. De hecho, la Federación Agraria inició ayer por la noche, con tractorazo incluido, en el Club Millonarios de Bragado de Buenos Aires, la primera de cuatro asambleas multisectoriales, en las que definirán las acciones a seguir. Las conclusiones serán elevadas a la reunión del consejo directivo de la Federación el 5 y el 6 de febrero en Rosario.
A su vez, representantes tamberos confirmaron que se reunirán el jueves 5 de febrero en la ciudad de Esperanza, Santa Fe, para definir si confirman el llamado a un paro nacional lechero. La crisis del sector se da principalmente en torno al precio del litro de leche en boca de tambo, que hoy no supera los 75 centavos. El Gobierno, a instancias del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, aún no logra cerrar un acuerdo con la industria para fijar pagos de $ 1 por litro.
«La emergencia era el primer paso a dar. Hay que ver el alcance y las exigencias. Pero ahora son necesarias medidas complementarias, que realmente aportarían a una solución integral», señaló a este diario Carlos Garetto, titular de Coninagro. «El Gobierno debe entender que hay productores que están al borde de la subsistencia», agregó.
Eduardo Buzzi, titular de la Federación Agraria, fue sin dudas el menos conforme de los integrantes de la Mesa de Enlace. Esto se debe a que los anuncios incluyeron la eliminación de aranceles y comisiones en cartas de porte, trámite que reportaba ingresos a la entidad rural. «Es un ataque a la Federación Agraria. Una burla a los productores hablar de un ahorro de $ 10 millones cuando las pérdidas son de entre u$s 4.000 y u$s 5.000 millones», afirmó. Según el Gobierno, el ahorro total para los productores será de $ 200 millones anuales. En rigor, casi la totalidad de estos fondos tiene como destino a la ONCCA.
Estatus legal
Respecto de la emergencia, Buzzi fue cauto: «No es nada extraordinario, es sólo aplicarle estatus legal a la situación existente», e insistió en que «el país vive una situación extraordinaria, y por eso hacen falta medidas de extraordinario impacto». Habló además de un Estado que «ahora debe ser socio en las pérdidas» y de que «no puede privilegiarse al Club de París cuando sigue sin estar resuelta la deuda interna, con indigencia y pobreza para millones de argentinos».
También se escucharon quejas por el alcance de la medida anunciada ayer por Cristina. «En emergencia y desastre agropecuario se encuentran 79 partidos bonaerenses y no solamente el sur provincial», postuló el director ejecutivo de la CARBAP, Alfredo Rodes. Estas cuestiones deberán discutirse hoy en la reunión que la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria tendrá a las 15 en la Secretaría de Agricultura. Allí habrá representantes de la Nación, las provincias y las entidades rurales.
A su vez, fuentes de la Mesa de Enlace continuaron ayer repudiando la intervención de Moreno en el reparto de alimento a productores afectados por la sequía. «El campo no quiere entrar al clientelismo», coincidieron el titular de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati; y el vicepresidente de CRA, Néstor Roulet.