Aprendizaje cero: en 23 de últimos 30 años hubo déficit fiscal

La conmemoración de los 30 años del último retorno a la democracia en la Argentina invita, entre tantas otras posibles reflexiones, a realizar una sobre la evolución de la situación fiscal argentina en todo este período. Siempre resulta necesario analizar el comportamiento fiscal tanto de Nación como de provincias, ya que la mirada integral es clave. Si se relativiza el resultado fiscal con el valor de los bienes y servicios que ha generado cada año nuestra economía (PIB), el promedio de los 30 años muestra un desequilibrio del orden del 2,6% del PBI. En 1984, el primer año de régimen democrático cerró con un déficit elevado (casi el 9% del PBI). El resultado negativo se mantuvo casi siempre durante las dos décadas siguientes, mostrando una interrupción desde 2003 durante seis años, para volver al déficit en 2009. Actualmente, el resultado negativo se aproxima al 5% del PBI.

Para que la comparación sea homogénea no se consideran dentro de los ingresos del sector público nacional ni las utilidades que el BCRA transfiere al Tesoro Nacional desde hace unos años ni las rentas que la ANSES también viene transfiriendo.

La evidencia demuestra que en 23 de los últimos 30 años el gasto público ha superado al nivel de ingresos, registrando, en consecuencia, déficit fiscal consolidado Nación-provincias. Esto marca que, independientemente de los diversos gobiernos nacionales y provinciales, no se ha respetado un concepto económico básico como es la existencia de una restricción presupuestaria lógica y racional para el desarrollo económico del país. Ante un faltante estructural de recursos, en cada uno de los períodos democráticos analizados hubo diferentes "cajas" a las que el Estado acudió en la búsqueda de ampliar la disponibilidad de fondos. De esta manera, pueden recordarse, aun sin intentar ser taxativo en la enumeración: la emisión monetaria para financiar al fisco nacional, las privatizaciones, emisiones de deuda con acreedores domésticos y extranjeros, la creación de impuestos "de emergencia", la estatización de las AFJP y la registración de las utilidades del BCRA como ingresos corrientes.

Claramente, la generalidad mostró que aun con una búsqueda constante de mayores fuentes de fondeo público, la expansión en las erogaciones estatales fue casi siempre a una velocidad superior. En promedio, en las últimas tres décadas el faltante anual de recursos ha sido equivalente al 8% del gasto fiscal. Tomando solamente los años de desequilibrio, esa proporción aumenta al 13%. De este modo, luego de 30 años de democracia se puede apreciar que hubo una acumulación de prácticas fiscales que nos depositan de cara al futuro en una economía en la cual la presencia del Estado es mucho mayor, y en la cual los ciudadanos debieran tener claro que de una u otra manera terminarán financiándola.

Distintas alternativas de fondeo público fueron probadas en las últimas tres décadas, y su exceso coadyuvó a las principales crisis económicas vividas en el período: financiamiento del BCRA vía emisión y adelantos al Tesoro (desembocó en la hiperinflación), endeudamiento público con diferentes acreedores (su profusión llevó al default y a la crisis de comienzo del corriente siglo) que todavía no pudo ser cerrado.

En la actualidad. la presión tributaria es récord y nuevamente se ha vuelto a financiar el desequilibrio fiscal con emisión monetaria. Soluciones que ya se experimentaron y cuyos resultados están a la vista. Por eso, a la hora de analizar el comportamiento de la política económica de los últimos años y de las iniciativas en danza en la actualidad, es clave apreciar que desde 2009 (crisis internacional) volvimos a registrar déficit fiscal y paralelamente desde 2010 el financiamiento del BCRA vía emisión volvió a transformarse en un factor relevante.

Es vital reconocer que la experiencia económica desde el retorno de la democracia muestra que déficits fiscales elevados y recurrentes traen consecuencias negativas sobre la economía cotidiana. Si este aprendizaje es asimilado, el foco debiera ponerse en el cumplimiento eficiente del rol que se decida asignarle al Estado, sincerando la antipática pero ineludible existencia de una restricción presupuestaria. La transparencia fiscal debe transformarse en una política de Estado no negociable por parte de la sociedad. Sin transparencia, todo será más complejo.

(*) Presidente del IARAF