Arde interna por freezer a ley contra Gils Carbó

Busca hoy Cambiemos reemplazar retiro del proyecto con un combo de normas judiciales. Pero se abrirá otra polémica por norma para manejo de fondos de matrícula de abogados.

Emilio Monzó

El Gobierno intentará compensar el traspié que sufrió antes de comenzar a discutir en el Congreso el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, con el tratamiento en el recinto de un paquete de leyes vinculadas con el ámbito judicial para las que ya tiene media sanción. Tras la intervención de Carrió que consideró el proyecto que apunta a desplazar a Alejandra Gils Carbó, la iniciativa quedó congelada por el oficialismo, tal como anticipó este diario.

El paquete que se debatirá hoy, a cambio, contiene la ley para la unificación de fueros y fortalecimiento de los tribunales orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal (que los convertirá en tribunales orales federales, incluidos los de Penal Económico), el régimen de unificación de fueros y el juicio unipersonal para determinados delitos. Esas iniciativas forman parte del pack Justicia 2020 que viene impulsando el Ministerio de Justicia, principal afectado por el retiro de la orden del día del proyecto que pretendía arrinconar a Gils Carbó. Pero el oficialismo también le abrió la puerta a otra polémica: incluyó en el orden del día la sanción de la matrícula federal bajo la órbita de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), lo que disparará una puja entre las organizaciones de abogados por el manejo de una millonaria caja.

Anticipo

Como adelantó Ámbito Financiero, la impugnación de Carrió al proyecto que buscaba acortar el mandato de Gils Carbó y dotar a la Comisión Bicameral de facultades de cogobierno sobre el Ministerio Público Fiscal hizo crujir los acuerdos parlamentarios con el Frente Renovador y con el peronismo. Tanto es así que luego de una reunión al mediodía, Cambiemos retiró el proyecto del listado de temas a abordar hoy y lo congeló sin fecha definida, frente a un nuevo pliego de condiciones que tanto Sergio Massa como Miguel Ángel Pichetto deslizaron ante el nuevo escenario de ruptura interna del oficialismo. Hubo reproches cruzados por el costo político que este retroceso produciría para el Gobierno, condensados en la figura del titular de la cartera de Justicia, Germán Garavano, quien ayer salió a relativizar las consecuencias de freezar la iniciativa ante la ausencia de consensos.

En el camino, se conoció un documento elevado al Senado por un grupo de fiscales generales de Comodoro Py, quienes -en bloque- señalaron al Congreso su preocupación por la inconstitucionalidad de la propuesta. Justicia Legítima también se pronunció,luego del cachetazo que significó el comunicado de la Asociación de Magistrados, que también cuestionó la posición inicial, dando a entender que el único objetivo era remover a Gils Carbó pero a costa de demoler institucionalmente al Ministerio Público. Desde la Procuración aprovecharon para difundir un pronunciamiento de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, con los que la funcionaria supo tender lazos de apoyo internacional. A esa altura, el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, maldecía a Garavano con la interna al rojo vivo.

Se barajaron alternativas, aunque ninguna que permitiera destrabar la situación en términos políticos. La nueva idea fue cambiar el plazo para el cargo -entre 7 y 10 años de duración, en lugar de 5- algo que conformaría a Carrió. Sin embargo, el recorte de atribuciones a la Bicameral no le cerraba al massismo, cuyo acuerdo era por el rol clave que tendría Graciela Camaño desde ese organismo. La incógnita es si el Gobierno volverá a la carga antes de fin de año con un proyecto remozado, aunque sea para poder votarlo en Diputados, o si abandonará la disputa ante la posibilidad certera de chocar con un fallo de inconstitucionalidad. La tentación oficial viró al eje de los requisitos para un eventual juicio político a Gils Carbó. Hoy imposible por el número necesario, con el nuevo proyecto sólo requeriría dictamen de la Bicameral o petición aprobada con mayoría simple de Diputados más dos tercios de los presentes en el Senado. Esa podría ser la nueva prenda de negociación en línea con el camino que trazó Carrió en su crítica. Aun así, el PRO abrió otro frente: pateó para adelante un dictamen sobre la Ley de Honorarios, para regular el cobro de los abogados, y coló el proyecto de Matrícula Federal, lo que también dará paso a su judicialización, en caso de convertirse en ley.