La reacción de los Gobiernos de Argentina y Brasil ante la acusación de sus respectivos Ministerios Públicos sobre trabas e interferencias en la investigación del caso Odebrecht fue instantánea. Mediante sendos comunicados, primero el Ministerio de Justicia brasileño y luego la Cancillería argentina replicaron el duro informe dado a conocer en simultáneo por Alejandra Gils Carbó y por su par Rodrigo Janot, ambos en enfrentamiento abierto con los presidentes Mauricio Macri y Michel Temer. Desde el Palacio del Planalto bajó la orden de doblar la apuesta y no ceder ante la denuncia del jefe de los fiscales del vecino país: reafirmaron que la conformación de una comisión nacional de fiscales que investiguen en conjunto los sobornos necesariamente para tener validez requiere que el Estado nacional participe como parte. En tanto, desde el Palacio San Martín se expresaron de modo similar, aunque aclararon que "analizan" los términos de un acuerdo de cooperación.
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La oficina que conduce Jorge Faurie, directamente señalada por Gils Carbó, respondió que "tomó conocimiento" del acuerdo firmado con Janot para la conformación de un equipo binacional de fiscales recién el 10 de julio pasado vía Brasilia, pese a que ese documento entre los fiscales fue firmado en Buenos Aires el 22 de junio, dieciocho días antes.
"El acuerdo establece que será aplicable una vez que hayan tomado intervención las Autoridades Centrales respectivas responsables de la cooperación jurídica internacional, que en la Argentina es la Cancillería mientras que en Brasil es el Ministerio de Justicia", indicó el comunicado, reafirmando la potestad de los Gobiernos para cerrar el acuerdo, eje del desacuerdo y la punzante denuncia por "injerencia indebida" y "obstáculos" que ambos Procuradores hicieron pública. Ese señalamiento significa -políticamente- un parte aguas con sus respectivas administraciones en el caso judicial más sensible y con mayores implicancias en el sistema político de toda la región.
"La Cancillería se encuentra, por tanto, analizando con prioridad y de manera responsable el acuerdo en el marco de sus competencias legales y de acuerdo con lo previsto en el propio acuerdo por ambos procuradores generales, lo que incluye las propuestas de modificaciones sugeridas por el Gobierno de Brasil", enfatizó el comunicado de Faurie, en sentido contrario a lo que expusieron Gils Carbó y Janot, quienes pretendían esquivar esa participación y poner en vigencia el Equipo de Cooperación Internacional. El acuerdo entre Estados, coincidieron ambos, implicaría abrir las pruebas al conocimiento de las administraciones centrales y conspirando contra lo que podría derivar en acusaciones contra integrantes de los gobiernos, o allegados.
El mismo lunes, Brasil remitió una furibunda respuesta a Janot sosteniendo que debe haber un tratado entre Estados, es decir, entre Planalto y la Casa Rosada, para luego entonces formar los equipos de fiscales binacionales. Sin un tratado específico, nada los obliga a cumplir lo suscritos el 22 de junio por Gils Carbó y Janot. Citaron la cláusula 49 de la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción donde se hace referencia a "Estados parte" y sus autoridades como los responsables de -en lo formal- sellar los acuerdos para las investigaciones. El último párrafo se contesta con el comunicado del Palacio San Martín porque espera que la Argentina le responda sus propuestas, algo que apunta a ignorar las quejas de los procuradores. Y reiteró que nada los obliga a cumplir con lo firmado, punto que será la disputa que se viene en medio de un escenario ya complicado para las causas.
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