1 de diciembre 2011 - 00:00

Arriesga PRO última sesión con escándalo

Mauricio Macri ayer en el Jardín Botánico, donde se realizó la reunión de gabinete porteño.
Mauricio Macri ayer en el Jardín Botánico, donde se realizó la reunión de gabinete porteño.
Los legisladores porteños quieren terminar todos los deberes hoy y no volver a sesionar hasta el martes que viene, que será el día de la preparatoria con los nuevos diputados electos en julio pasado. Pero, el temario, tan abultado como polémico podría frustrar esas pretensiones.

La jornada por lo pronto se alivió con la comunicación de Horacio Rodríguez Larreta de que no podrá concurrir a brindar su informe trimestral, como le corresponde al jefe de Gabinete. Así, el PRO alargará las horas para negociar con la oposición el consenso para muchas leyes que insiste en aprobar, pero que llegarán al recinto sin los votos.

Para empezar, la idea es someter a debate la propuesta del ministro de Educación, Esteban Bullrich, de eliminar las 15 Juntas de Clasificación docentes que integran los sindicatos del sector y cuyo tratamiento se viene postergando para evitar, como ya sucedió, un enfrentamiento entre los activistas y la seguridad de la Legislatura. El clima arranca tenso, con una carpa de protesta instalada casi a las puertas del palacio de Perú 130, paro de la actividad docente y la promesa de una manifestación en contra de la iniciativa que complicaría la sesión más de lo esperado (ver nota pág. 22).

Sin embargo el Gobierno porteño podría ceder en el mismo recinto dejando de lado la propuesta original y aceptando una nueva del legislador Diego Kravetz que eliminaría el sistema en forma progresiva dejando que los gremialistas sigan al frente de las juntas que tienen injerencia en la designación de los cargos y otorgamiento de puntaje a los maestros, durante cuatro años más. Existe otro proyecto intermedio también, de Sergio Abrevaya (Carrió).

Si la sesión pasa esa instancia, el tema que sigue -al menos según la última planificación que sufrirá modificaciones hasta el último minuto- es la designación de los nuevos integrantes de la Auditoría General porteña, el organismo que controla la gestión y las cuentas de Mauricio Macri. Allí pelea por una silla el izquierdista Marcelo Parrilli, a propuesta del bloque Proyecto Sur (Solanas). Si bien ayer la Junta de Ética desestimó las impugnaciones contra ese candidato, formuladas por presentar documentos fuera de tiempo, no lograría de todos modos el puesto.

El macrismo retendrá tres de los siete lugares y el kirchnerismo tomaría otros tres, como también tiene actualmente, mientras que el séptimo será para que repita la representante de la Coalición Cívica (CC) en el organismo. De ese modo, si Parrilli no consigue los votos, ya anticipan recurrir a la vía judicial, pero antes podrían interceder barras defensoras del postulante, mortificando también la sesión.

El macrismo votará por la continuidad en el organismo de Santiago de Estrada y Alejandro Fernández y la incorporación de Clodomiro Risau, mientras que el bloque kirchnerista que conduce Juan Cabandié, propone la continuidad del sindicalista Adriano Jaichenko (UPCN) y la integración de Cecilia Segura (La Cámpora) y Eduardo Epsztein (Ibarra). El séptimo lugar lo seguiría ocupando Paula Oliveto (CC), pero la Auditoría será presidida por el kirchnerismo. De ese modo con sólo dos mujeres se cubriría un tercio del cupo femenino requerido. Si los tres bloques en sintonía (el kirchnerista el macrista y la CC) logran imponerse, los aliados de Parrilli tienen previsto recurrir a la Justicia sosteniendo que los cargos tienen que repartirse proporcionalmente a las representaciones de partidos o alianza y que las últimas elecciones los favorecieron con respecto a la tropa de Elisa Carrió.

Lo que sigue no es menos. El PRO intentará también votar la ley que prohibiría totalmente la venta ambulante sin autorización, para eliminar a los «manteros» de la peatonal Florida, bajo presión de los comerciantes que vienen haciendo piquetes contra esa competencia. Actualmente el Código Cotravencional deja atajos para que la Justicia acepte los amparos de los «manteros» y puedan continuar su actividad.

En el abultado paquete de proyectos que buscan no perder vigencia y ser sancionados antes de la preparatoria del 6 de diciembre próximo, otra iniciativa macrista llegará sin acuerdo y con pelea. Se trata de un proyecto marco para las condiciones del llamado a licitación del servicio de recolección de residuos para que, entre otras cuestiones, se permita la contratación de las empresas por 8 años.

Para coronar un lista que incluye desde la reglamentación de la Verificación Técnica Vehicular hasta el reparto de bajo autopistas, el macrismo no pierde las esperanzas de volver a discutir en el recinto los proyectos que prohíben la actividad de los «trapitos o cuidacoches» y de los «limpiavidrios» con penas de arresto o multas para quienes cometan esas contravenciones.

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