ART: firmaron decreto que sube las indemnizaciones

Carlos Tomada

Cristina de Kirchner firmó ayer el decreto por el cual se modifica el régimen de accidentes de trabajo, tal como les había adelantado el ministro Carlos Tomada a dirigentes empresarios y gremiales un día antes.

Básicamente, la norma refleja la intención de reducir el número de juicios laborales a través de la suba de los montos indemnizatorios; según dijo Tomada, los trabajadores víctimas de accidentes de trabajo se abstendrán de hacer juicio «porque lo que quieren es cobrar bien». Según el funcionario, la medida tendría el efecto de reducir en un 60% el nivel de litigiosidad, que hoy está por las nubes.

No explicó en qué se basan sus cálculos, pero fue el mismo argumento que exhibió ante los empresarios en sus reuniones del miércoles; lo que no mostró fue el texto del proyecto, algo que desconcertó a sus interlocutores. Ayer, fuentes empresarias no ocultaban su sorpresa por lo unilateral y veloz de la sanción, tras cinco años de negociaciones.

El decreto se autofundamenta en que, a pesar de que se admite que hace falta una ley, «aún resta superar importantes diferencias y por ello debe profundizarse el diálogo entre los sectores involucrados a fin de alcanzar una norma superadora».

El decreto fija en $ 180.000 el piso de las indemnizaciones, y en $ 2.000 el pago mensual cuando se trata de un accidente que provoca invalidez mayor. También crea un registro de prestadores médico-asistenciales de la Ley de ART.

Sin embargo, el punto central de la norma parece ser la «adopción de medidas necesarias para impulsar la creación de entidades sin fines de lucro, de seguros mutuos, que tengan a su cargo la gestión de las prestaciones y demás acciones previstas en la Ley de ART». Se trata, sin dudas, de una nueva concesión a los gremialistas de Hugo Moyano, protagonistas y beneficiarios de este nuevo régimen que competirá con las aseguradoras de riesgo privadas.

Lejos de satisfacer a los empresarios, el anuncio resultó en un terremoto de indignación en las entidades que los agrupan. El sismo resonó más fuerte en la Unión Industrial Argentina (UIA), cuyo presidente, Héctor Méndez, fue citado el miércoles a la sede del Ministerio de Trabajo para ser informado por Tomada del «fait accompli».

A pesar de que Méndez y su acompañante, Daniel Funes de Rioja (vicepresidente de la UIA y jefe de los negociadores de la entidad por este tema), no estuvieron en lo absoluto de acuerdo con la decisión oficial, pactaron con Tomada no protestar en público. Los empresarios cumplieron, pero esto provocó una reacción en el interior de la UIA que hizo que se conformara un «comité negociador» para continuar estas gestiones. Ahora, ese comité parece haber perdido su razón de existir.

El planteo se produjo el martes, cuando Méndez informó al comité ejecutivo de la UIA que había sido citado por Tomada para el día siguiente, poco más que «para la foto» porque la decisión de modificar por decreto las indemnizaciones ya había sido (valga la redundancia) tomada.

Uno de los integrantes de esa «mesa chica», Pablo Challú (UIPBA), encabezó la protesta y pidió solicitar una entrevista con el procurador general; recordó que había sido un fallo de la Corte Suprema el que abrió las compuertas para la actual avalancha de juicios laborales al habilitar la «doble vía» (cobrar la indemnización de la ART y después pedir un monto mayor ante la Justicia) y era ahí donde se debía gestionar.

Comité

Finalmente, se decidió conformar un «comité de crisis», encabezado por Funes de Rioja, al que se agregaron Challú, José Ignacio de Mendiguren, el experto laboralista Jorge Collina y el director ejecutivo de la UIA, Martín Etchegoyen.

Por ahora, la realidad parece desmentir a Tomada: según datos de la UART (Unión de ART) se inician unos 1.400 juicios laborales por día por accidentes; en la actualidad, habría en trámite unos 65.000 pleitos, contra los 2.000 que existían en 2003, año en que la Corte decidió que es inconstitucional prohibirle al empleado hacer juicio para cobrar una cantidad por encima de lo que fija la ley.

Las estimaciones de las ART ubican en las cercanías de los u$s 2.000 millones el monto de las indemnizaciones pedidas, de los cuales u$s 700 millones serán honorarios de los abogados.

Un monto que se convierte en una contingencia imposible de afrontar por el sector industrial, conformado en su inmensa mayoría por pymes. «Muchas empresas van a desaparecer si tienen que pagar las indemnizaciones que les piden», dijo a este diario una alta fuente del sector.

Por eso, una de las primeras tareas que se autoimpuso el flamante «comité de crisis» de la UIA es recopilar al menos medio centenar de los casos más absurdos en cuanto a monto solicitado en relación con el siniestro sufrido. «Se van a sorprender cuando revelemos los casos más escandalosos», prometió uno de los dirigentes del «comité de crisis».

Sergio Dattilo