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Asunción de nuevos jueces trabada por Senado inactivo
Marcelo Guinle
Los pliegos propuestos por el Ejecutivo y a la espera del visto bueno de la Cámara alta son la última tanda de la avalancha de candidatos (82 en total) que Cristina de Kirchner envió a la Comisión de Acuerdos meses atrás, luego de varias polémicas en torno a la falta crónica de ma-gistrados en todo el país y la lentitud de los concursos gestionados por el Consejo de la Magistratura. Después de un rally de entrevistas con los postulantes, realizadas en agos-to pasado, la comisión presidida por el oficialista Marcelo Guinle aprobó a 33 de los 35 elegidos por la presidencia sin mayores inconvenientes.
Sospechas
A pesar de que la votación se presentaba como un trámite fácil y expeditivo, no dejó de levantar sospechas en la oposición la decisión a último minuto de la Presidente de retirar a tres candidatos ya seleccionados, sin explicación; el Ejecutivo no está obligado a hacerlo en esta instancia. Ninguno de los tres fue reemplazado con nuevas propuestas todavía.
Uno de los casos es el del abogado Edgardo López Herrera, quien había sido propuesto para ocupar el cargo de juez en el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Salta. Obtuvo el primer lugar en los concursos realizados en 2009 para ocupar ese puesto y otro cargo igual en Tucumán, pero su candidatura fue retirada a último momento. Tampoco las impugnaciones al letrado parecían de peso, ya que no generaron ningún tipo de preguntas durante la entrevista que se le hizo en la Comisión de Acuerdos.
Causas
La clave es el puesto que iba a ocupar: el Juzgado N° 1 tiene a cargo las causas electorales, además de los casos penales. La oposición pidió resolver la situación de ese cargo ya que, según precisó la senadora por el PJ Federal por Salta, Sonia Escudero, la vacante permanece abierta desde 2008 y tiene «más de 16.800 causas por delitos federales pendientes de resolución».
Las explicaciones sobre la segunda candidatura retirada se relacionan con impugnaciones presentadas por organismos de derechos humanos. Por un lado, la postulación del abogado Juan Carlos Nacul para el cargo de juez en el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Jujuy está frenada por una denuncia de la asociación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS), por supuestamente haber trabajado para el Gobierno de Antonio Domingo Bussi durante el último Gobierno militar y por haber sido el defensor de Oscar «Malevo» Ferreyra, quien se suicidó en 2008 antes de ser juzgado por presuntos delitos de lesa humanidad.
El tercer caso es la postulación de Adrián García Lois para ocupar el cargo de juez en el Juzgado Federal de Rafaela, decisión que, como López Herrero, tampoco presenta razones de peso.
Quedaron pendientes también en el Senado otras cuestiones judiciales como la creación de nuevos juzgados para un sistema que, desde hace años, se insiste que está colapsado de causas. Pero estas cuestiones y el resto de los candidatos (a excepción de dos trámites frenados por falta de firmas) tendrán que esperar a que se destraben las sesiones en el Senado. Es decir, a que pasen las elecciones.


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