Audiencia en la Corte derivó en cruce sindical

El sindicalismo copó ayer la Sala de Audiencias de la Corte Suprema para presenciar el debate sobre un presunto caso de despido discriminatorio, y el resultado fue un cruce de opiniones entre los abogados de la CGT y la CTA, enfrentados por el fallo del máximo tribunal sobre la libertad sindical.

En un encuentro que se caracterizó por preguntas sobre las pruebas del proceso y las dificultades de ambas partes para responder a algunos de esos cuestionamientos, saltó a la vista la fuerte presencia de pesos pesados del derecho laboralista y del sindicalismo, como el diputado oficialista y abogado de la CGT Héctor Recalde y Horacio Meguira, de la Central de Trabajadores Argentinos, y el titular de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola. La mayoría, con críticas respecto a la decisión de la Corte de discutir la causa Pellejero, en lugar de otro caso que también se refiere a este tema.

La causa «Pellejero, María Mabel s/apelación» denuncia un supuesto despido discriminatorio por parte del Banco Hipotecario de Río Negro. La querellante acusó a la entidad de haber sido discriminada por ser la esposa del secretario general de la Seccional Viedma de la Asociación Bancaria. En contraste, los demandados argumentaron que Pellejero facilitó el excepcional otorgamiento de un beneficio a favor de su hermano, generando perjuicios a la empresa. «Es un caso muy específico, que además plantea una situación de discriminación indirecta, no debate propiamente un hecho antisindical», afirmó Meguira mostrando su disconformidad con el debate, al que además criticó que se haya discutido «en exceso sobre la prueba». En este sentido, el abogado de ATE señaló que existen otros dos casos en la Corte, Parradera y Areco, en el que se aplicaba mucho mejor el caso de discriminación laboral.

Por otro lado, Meguira destacó que la única posibilidad de que el máximo tribunal no hiciera lugar a la demanda de Pellejero era por una cuestión de pruebas -poco común en la Corte- y que, por otro lado, el cuerpo no podía «dejar de lado la significación directa de las normas internacionales».

Por otro lado, el representante de ATE también marcó distancias con la CGT de Hugo Moyano, representado por Recalde, al asegurar que este caso se encontraba en directa relación en el de libertad sindical pronunciado por la Corte a fines del año pasado, ya que «son justamente los trabajadores que pertenecen a sindicatos sin personería gremial los que sufren este tipo de despidos».

La preocupación de la Corte -según se evidenció ayer- se centra en dos cuestiones básicas: determinar si el despido fue justificado o no, y, además, cómo se interpreta la Ley Antidiscriminatoria en relación las leyes laborales.

En una clara intención de sentar posición sobre un caso clave para el derecho laboral, la Corte convocó a las partes a una audiencia pública, además de invitar a la Asociación de Abogados Laboralistas, en calidad de amigos del tribunal, para que expresara su opinión sobre el caso. La audiencia fue presidida por el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, acompañado por la vicepresidente del tribunal, Elena Highton de Nolasco, y los ministros Carmen Argibay, Juan Carlos Maqueda y Enrique Petracchi. Las exposiciones fueron realizadas por Moisés Meik, representante de la Asociación de Abogados Laboralistas; Daniel Funes de Rioja, defensor del Banco Hipotecario, y Ariel Gallinger, abogado de Mabel Pellejero.

Cada uno de los ministros orientó sus preguntas hacia diferentes aspectos del caso. Argibay, por ejemplo, indagó sobre uno de los argumentos de la demandante, que aducía discriminación sexual como una de las razones de su despido. Sobre este punto, la ministra preguntó cómo podía ser que, si había una distinción de género de por medio, recién había sido separada de su cargo 20 años después de obtenerlo.

Maqueda, en cambio, realizó preguntas más puntuales, como si se había iniciado algún sumario administrativo a raíz de la acusación sobre Pellejero. Funes de Rioja respondió que existía una auditoría interna que presentaba elementos suficientes como para probar que la empleada habría cometido un incumplimiento grave, al intervenir supuestamente en la gestión de un seguro para beneficiar a un familiar suyo. Este punto, sin embargo, fue rebatido por los abogados de Pellejero, quienes argumentaron que a la demandante nunca se le dio un derecho a descargo frente a esa auditoría.

Otra de las líneas planteadas por la Corte se orientaron a cuestiones de fondo, como debatir si los despidos pueden ser considerados dentro del marco de la Ley Antidiscriminatoria o si dependen exclusivamente de las leyes laborales. La Asociación de Abogados Laboralistas expresó una postura muy clara en este sentido: Meik reivindicó el derecho al trabajo y a no sufrir discriminación, garantizados por la Constitución nacional y los tratados internacionales, y respaldó el pedido de la querellante, que no reclama una indemnización, sino el restablecimiento de su puesto. Este argumento fue cuestionado en parte por Lorenzetti, al preguntar por qué, si ésa era la pretensión de Pellejero, había entonces iniciado una demanda por daños y perjuicios.

En este sentido, la mayoría de los intervinientes convino en que en las exposiciones habían quedado muchos aspectos oscuros sobre el caso, difíciles de probar: ambas partes habrían presentado pruebas débiles durante el proceso (el Banco, por ejemplo, no enseñó ningún documento firmado por Pellejero que la vinculara con el crédito). Pero los que se veían más descorazonados con el debate fueron los abogados laboralistas y representantes sindicales que llenaron la Sala de Audiencias. Entre ellos se rumoreaba que ése no había sido el caso ideal para discutir en audiencia pública y la Corte sentara precedente sobre el despido discriminatorio. Casi como vaticinando un fracaso para una historia que todavía tiene final abierto.