El dictamen del fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello, sobre las impugnaciones a las candidaturas de Néstor Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Massa, llegará hoy a la mañana a la Cámara Nacional Electoral, que deberá definir su posición sobre las apelaciones impulsadas por la alianza opositora Acuerdo Cívico y Social.
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Si bien el ámbito judicial permanece hermético sobre la definición de los expedientes que, hasta el momento, fueron las vedettes de la campaña electoral, el fiscal avalará tanto las candidaturas testimoniales del gobernador de la provincia de Buenos Aires y del jefe de Gabinete como la del residente de la quinta de Olivos.
Di Lello había rechazado semanas atrás el amparo presentado por el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat contra las postulaciones antitraición del oficialismo entre el juzgado electoral de María Servini de Cubría y que el fiscal consideró un planteo abstracto al no haberse presentado todavía las listas de candidatos. De aquel lejano planteo de fácil resolución al alud de presión política y judicial, que ahora enfrenta el tribunal de alzada, ha pasado una catarata de opiniones y fundamentación a favor y en contra de la estrategia con la que el kirchnerismo se proponía retener a sus socios locales y atraer al electorado con nombres que daban bien en las encuestas.
Escritos
El último capítulo de la saga se produjo el martes, cuando transcendieron los escritos presentados por Scioli y Massa ante la Cámara donde afirmaban su intención de asumir a sus cargos, «sin que ello implique abdicar del derecho que la Constitución y las leyes les imponen».
La salomónica presentación se proponía ofrecer más elementos argumentativos a un tribunal reacio a avalar los expedientes kirchneristas tan fácilmente como en primera instancia. El intento de prolijidad jurídica, sin embargo, fue atacado por la oposición no bien se dieron a conocer los escritos y la iniciativa oficialista perdió fuerza en sólo 24 horas. Ayer, Scioli insistió en que no había realizado ningún cambio en su posición inicial sobre la candidatura. El gobernador bonaerense señaló en declaraciones radiales: «Llegado el momento, de acuerdo con los derechos que uno tiene, tomaremos la decisión que creamos más conveniente para ayudar a la provincia», De cualquier manera, en Comodoro Py sostienen que las nuevas presentaciones de Scioli y Massa alteran poco y nada el fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión es que las testimoniales son en realidad un problema de carácter político.
Hace semanas que en Tribunales se califica las candidaturas antitraición de Kirchner como «una picardía» propia de un sistema político pícaro. No bien se empieza a analizar el caso, se cita casi inmediatamente el conflicto que generaron en 2007 las listas colectoras, avaladas en su momento por la Justicia ante el grito desgarrado de la oposición y hoy de uso cotidiano por todo el arco político. En este sentido, las testimoniales serían sólo un indicio más del vaciamiento de sentido de los partidos políticos, las desidia del electorado y la disociación que existe en la Argentina entre una normativa jurídica estricta, que es prácticamente inaplicable a la práctica.
Así, la cuestión de las candidaturas testimoniales, impulsadas además por el segundo candidato a diputado nacional por la Capital de la alianza opositora UCR-CC, Ricardo Gil Lavedra, se convierte en una decisión por el «mal menor»: ¿qué afecta más la institucionalidad de la Argentina, dar por tierra la lista del oficialismo y patear el tablero electoral a un mes de las elecciones o avalar una nueva picardía de la clase política y esperar que, esta vez, sí se piense en una nueva normativa para los futuros comicios?
Dictamen
La Cámara recibirá hoy el dictamen del fiscal, en medio de estos dilemas jurídico-políticos y con un nuevo frente de presión, que produjo mucho más impacto que lo esperado: 20 constitucionalistas, 20 amigos, se reunieron ayer y presentaron un «amicus curae» ante el tribunal de alzada, que fue muy duro en sus críticas a las testimoniales.
Por las dudas, la Corte prendió ayer una vela, cuando el presidente del cuerpo, contradiciendo incluso a uno de los integrantes del tribunal, señaló que el cuerpo estaba dispuesto a dictaminar sobre el tema antes del 28 de junio.
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