La jueza federal en lo Contencioso Administrativo María José Sarmiento se declaró incompetente para tramitar un recurso de amparo contra la decisión del Ministerio de Desarrollo Social de suspender el pago de una pensión por invalidez, presentado por un discapacitado mental de nacimiento. Fuentes judiciales informaron que la magistrada resolvió que la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal no es competente para intervenir respecto a la decisión de la ministra Carolina Stanley y que la presentación debe remitirse a la Justicia Federal de la Seguridad Social que se ocupa de casos de la ANSES. El fallo va en contramano a una medida en sentido contrario que adoptó el juez federal de La Plata Alberto Recondo, que sí hizo lugar a un planteo para restituir una pensión que había sido suspendida, en medio de la controversia que obligó al Gobierno a dar marcha atrás con el recorte y pasar a analizar caso por caso. Un aluvión de amparos -algunos de ellos de incidencia colectiva- habían sido interpuestos apenas se conoció la baja de los beneficios a discapacitados.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El recurso de amparo que derivó Sarmiento ayer había sido presentado, con patrocinio del abogado Claudio Flavio Esposito, por Dora Haydee Ortiz, una jubilada que es madre y curadora de José Carlos Jiménez, de 37 años, que recibía una pensión por invalidez de 4.270 pesos netos pero que dejó de cobrarla por resolución de Desarrollo Social. "Recién la semana pasada a Jiménez le llegó una carta fechada en febrero último de la Comisión de Pensiones Asistenciales avisando que se le quitaba la pensión, pero sin explicar los motivos", contó el abogado. Añadió que "mis clientes se preguntaban por qué no les pagaban la pensión, pero la nota de la Comisión tampoco lo aclaró" y precisó que "además de la plata a Jiménez también le quitan el servicio médico por el cual él venía haciendo terapia de rehabilitación".
Dejá tu comentario