Baltasar Garzón se sentó en el banquillo y hay una fuerte polémica en España

Baltasar Garzón, otrora poderoso magistrado de la Audiencia Nacional española, sufrió ayer la humillación de que se le ordenara quitarse su toga antes del comienzo del juicio en su contra. Empieza para él un vía crucis judicial, en el que se ventilarán tres procesos.

Madrid - El célebre juez español Baltasar Garzón se sentó ayer en el banquillo de los acusados por haber ordenado escuchas presuntamente ilegales en un caso de corrupción que involucraba a altos dirigentes del hoy gobernante Partido Popular. Se trata del primer proceso contra el magistrado, que, en una semana, será juzgado también, y en medio de una fuerte expectativa mediática y social, por haber tratado de investigar crímenes del franquismo.

Vestido con una toga negra y puños de encaje blanco sobre un traje gris con corbata clara, el juez Garzón, de 56 años, compareció con semblante serio ante el Tribunal Supremo de Madrid para el primero de una serie de juicios que amenazan con poner fin a su carrera.

En este caso, se lo acusa de haber vulnerado el derecho fundamental a la defensa por haber ordenado la grabación de conversaciones en prisión entre abogados defensores y sus clientes, presuntos cabecillas de una red de corrupción, conocida como «trama Gürtel», destapada en 2009 (ver aparte).

El juez es mundialmente conocido por la detención del exdictador chileno Augusto Pinochet en 1998 en Londres, por sus pesquisas sobre los escuadrones de la muerte conducidos por el Gobierno socialista de Felipe González en la década de 1980 y por otros casos de alto perfil, como los que involucraron a presos de la cárcel estadounidense de Guantánamo.

Suspendido de sus funciones desde mayo de 2010, de ser declarado culpable, podría ser condenado a un máximo de 17 años de inhabilitación profesional.

Pero sobre todo, en un caso mucho más esperado, a partir del próximo martes 24 Garzón será juzgado por su intento de investigar el destino de los más de 100.000 desaparecidos de la Guerra Civil española (1936-39) y de la dictadura franquista (1939-75), pese a la existencia de una ley de amnistía de 1977. Curiosamente para muchos, se imputa haber desconocido dicha amnistía cuando las instancias judiciales superiores españolas lo habían autorizado, en años anteriores, a avanzar en causas contra represores de Chile y de la Argentina, donde también regían leyes de perdón, en base al carácter imprescriptible y universalmente punible de esos crímenes,

Garzón, que sufrió la humillación de ver cómo el presidente de la sala le ordenaba quitarse la toga que había vestido toda la mañana y sentarse en el banquillo, justificó las escuchas a la «trama Gürtel» por sospechar que algunos de los abogados participaban en las actividades delictivas de sus clientes.

«Las comunicaciones se intervinieron a los internos para constatar y evitar la continuación de la acción delictiva relacionada con el blanqueo de capitales», se defendió. «El principio de defensa para mí es tan sagrado como para usted», le dijo al abogado de la acusación.

El magistrado, que actualmente vive fuera de España y es asesor del fiscal de la Corte Penal Internacional y para el desarme en Colombia, es acusado de los delitos de prevaricato (emisión de una sentencia a sabiendas de su carácter antijurídico) y de violación de las garantías constitucionales.

Nunca antes un juez español había sido juzgado por ordenar la intervención de conversaciones, práctica para la que las prisiones españolas están especialmente equipadas.

Además, las escuchas solicitadas por Garzón fueron confirmadas posteriormente por otro juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, que se hizo cargo del caso más tarde. Lo polémico de este caso, y la existencia de otras dos causas contra el juez, ha llevado a sus partidarios a denunciar una maniobra política.

«Estamos ante un hecho que avergüenza a la democracia española, a la justicia y al propio Tribunal Supremo que es juzgar a un inocente, en primer lugar por haber querido juzgar al franquismo y también por haber querido luchar contra la corrupción», consideró el diputado ecocomunista Gaspar Llamazares, a las puertas del tribunal.

Casi un centenar de personas se manifestaron allí para expresar su apoyo a Garzón, al que recibieron con aplausos.

El grupo «Solidarios con Garzón», en el que participan artistas como el cineasta Pedro Almodóvar, el poeta Marcos Ana -encarcelado durante la dictadura franquista- y la actriz Pilar Bardem -madre del actor Javier Bardem- prometió manifestarse todos los días mientras duren los procesos. «Es un linchamiento de un juez justo», denunció Llamazares.

Al considerar que dos de los siete magistrados que forman el tribunal, Luciano Varela y Manuel Marchena, carecen de imparcialidad por haber instruido las otras dos causas contra Garzón, su defensa solicitó que fueran reemplazados. Sin embargo, el tribunal lo rechazó.

Las audiencias deben prolongarse hasta mañana y la sentencia podría conocerse hacia mediados de febrero.

Agencias AFP, EFE y Reuters, y

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