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Bancada rural asestó un serio revés a Dilma
La abrumadora mayoría de la coalición progubernamental en la Cámara baja no impidió que el principal socio del Gobierno, el centrista Partido del Movimiento
Democrático Brasileño (PMDB), lograra aprobar ayer con 272 votos favorables una enmienda que había sido calificada por el líder de la bancada oficialista, Cándido Vaccarezza, de «una vergüenza para Brasil».
La propuesta aprobada concede amnistía a todas las deforestaciones ilegales realizadas hasta julio de 2008 y retira del Gobierno federal el poder exclusivo para definir las actividades de agroganadería que pueden ser desarrolladas en las llamadas Áreas de Preservación Permanente (APP).
La fragilidad de la heterogénea coalición oficialista quedó evidente cuando el líder del PMDB, el diputado Henrique Eduardo Alves, pidió a los ministros de su partido que cesaran las presiones sobre los parlamentarios para que votaran en contra de la polémica enmienda.
«Antes que ministros, ustedes son ministros de mi partido», sostuvo Alves, en un discurso que, según fuentes políticas, fue recibido con honda irritación por el Gobierno. Pero las gestiones del líder fueron eficaces: de los 73 representantes del PMDB, sólo uno rechazó el proyecto como deseaba el Ejecutivo.
Según el director de la Campaña Amazonia de la organización ambientalista Greenpeace, Paulo Adario, el resultado de la jornada de votaciones que terminó ayer a la madrugada «no podría haber sido peor».
Adario argumentó que la enmienda del PMDB agregada al texto «significa amnistiar a todos los deforestadores del pasado (hasta julio de 2008), lo que significa que los que cumplieron la ley fueron unos imbéciles».
La votación del Código Forestal dejó en evidencia el poderío de la llamada «bancada ruralista», que lucha por quitar los frenos a la expansión de la actividad agropecuaria, que en Brasil ocurre generalmente a expensas de la selva.
Incentivo
Según la organización ambientalista Greenpeace, el proyecto aprobado por los diputados «incentiva la expansión sobre lo que le queda a Brasil de bosques nativos, al reducir las exigencias para que las haciendas mantengan un porcentaje de sus terrenos con la cobertura vegetal original y al debilitar la capacidad de gestión del Gobierno central sobre el patrimonio ambiental brasileño».
Además, la organización sostuvo que el cambio en la legislación forestal generará «impactos negativos para la diplomacia» del país, y pone en duda la capacidad de Brasil de cumplir el compromiso de reducir sus emisiones de gases causantes del llamado efecto invernadero en hasta un 38,9% hasta 2020.
La esperanza de la mandataria de evitar estas consecuencias se trasladan a partir de ahora al Senado, que en breve votará el texto aprobado por la Cámara baja. El gobernante Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff intentará hacer valer la amplia mayoría oficialista y reducir las «traiciones» de los partidos aliados.
De fracasar este intento, Rousseff aseguró que, pese al desgaste político que supone la medida, vetará las disposiciones que considere perjudiciales al esfuerzo del Gobierno por frenar la deforestación, que es responsable de casi dos tercios de las emisiones brasileñas de gases causantes del cambio climático.
Agencia DPA
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