Nuevo frente entre la procuradora nacional y el Gobierno. Asuntos Jurídicos de la ANSES se hará cargo ahora de las investigaciones que llevaba el Ministerio Público.
Ruptura. Emilio Basavilbaso ya firmó la resolución para no prorrogar el acuerdo entre la Procuración de Alejandra Gils Carbó y la ANSES para investigar delitos en materia de seguridad social.
El Gobierno decidió abrir un nuevo frente con Alejandra Gils Carbó y dispuso el cese del convenio que la ANSES tenía con la unidad fiscal dependiente de la procuradora general que investigaba delitos vinculados con la Seguridad Social desde hace 15 años. El 2 de junio pasado Emilio Basavilbaso firmó las resoluciones que dejaron de prorrogar el acuerdo de colaboración en algo que también tiene un efecto sobre la nómina de personal afectado a la UFISES, cuyo financiamiento quedará comprometido, lo mismo que las oficinas que actualmente ocupa. El primer señalamiento que hicieron desde la fiscalía especializada fue que era una represalia a partir de investigaciones realizadas por manejos de la actual gestión con respecto al destino del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). En la resolución originaria que la creó en 2002, se acordó que parte de los recursos materiales y los sueldos de los empleados iban a ser cubiertos por la ANSES, algo que ahora quedará en suspenso.
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La resolución de Basavilbaso (N° 104) argumentó que a partir de un decreto de marzo del año pasado se "estableció que una de las premisas del Gobierno nacional (era) lograr la utilización de los recursos con miras a una mejora sustancial en la calidad de vida de los ciudadanos focalizando su accionar en la producción de resultados que sean colectivamente compartidos y socialmente valorados". Y que en base a eso y pese a que el convenio con UFISES tendía a "procurar mayor nivel de pericia", consideraron que era pertinente "establecer mejores y más modernos mecanismos de coordinación bajo un marco más amplio e integral a efectos de lograr la óptima interrelación que procure transformarla en sólida, moderna y eficiente". Así, se eligió no hacer uso de la prórroga y delegar en Asuntos Jurídicos de la ANSES, el diseño de la nueva estructura que se hará cargo de las investigaciones.
Los gremios judiciales reaccionaron inmediatamente en alerta ante la posibilidad del fin de los contratos del personal de UFISES, pero también deslizaron, desde la unidad fiscal, que la decisión pudo estar ligada a las últimas investigaciones encabezadas por ese organismo que pusieron en tela de juicio aspectos relacionados al manejo del FGS. Pusieron como ejemplo la denuncia a los directivos de IECSA, la empresa de Ángelo Calcaterra, por incumplimiento de los aportes retenidos a los empleados; una presentación por la venta de acciones de la firma Solvay Indupa, que habría representado un perjuicio para el FGS de más de un millón de dólares; la exigencia de la publicación al Estado de los informes sobre el resultado de la venta de acciones del fondo las denuncias contra el extitular del FGS, Luis María Blaquier, por negociaciones incompatibles con la función pública y por incumplimiento de los deberes de funcionario por su paso como director del fondo. Le achacan a la UFISES también, desde el Ejecutivo, cierta animosidad por haber dictaminado en contra de la modificación de la fórmula de cálculo para actualizar los haberes de la seguridad social, en un fallido del que el Gobierno volvió atrás sin siquiera haber publicado esa alteración.
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