Bolivarianos, contra el “imperialismo” brasileño

«Los brasileños somos los nuevos imperialistas de la región», fue el comentario de tinte descalificativo publicado en un editorial del diario «Correio Braziliense» la semana pasada. Aunque Brasil nació a principios del siglo XIX como imperio, con la instalación de los Braganza y la corte portuguesa en Rio de Janeiro, que hoy sea un gigante adinerado, con capacidad de inversión y una política internacional de expansión económica lo convierte, de acuerdo con los parámetros clásicos de la ideología, en un Estado imperialista. Y lo rebaja, a la vez, entre el vecindario que adscribe al bolivarianismo, al mismo estatus de atropellador y opresor atribuido al imperialismo yanqui desde el último siglo.
La crisis originada en el último tiempo por Ecuador no sólo ha puesto sobre el tapete esa visión peyorativa sobre Brasil sino que cuestionó las reacciones de Itamaraty y el Planalto frente al desplante del gobierno de Rafael Correa. También, claro, revolvió bien las bases de la política exterior brasileña cuando Ecuador amenazó con no pagar un préstamo otorgado por el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil) para que la empresa constructora Odebrecht desarrollara el complejo hidroeléctrico San Francisco en la Amazonia ecuatoriana.
Antes de eso, Quito había ordenado la expulsión de cuatro directivos brasileños de la empresa y tomado sus instalaciones por el Ejército. Así privó a los ecuatorianos, con el freno de la obra, de 12% de la producción de energía que se consume en el país.
Colonia
«Ellos no pueden tratarnos como si fuéramos una potencia colonial que los quiere explotar: nosotros seguimos las reglas del mercado internacional», fueron las declaraciones del canciller brasileño Celso Amorim. Una respuesta al comentario de presidente Correa, de que «Brasil está entre los mismos de siempre», es decir, en el imperialismo. O entre los «pitiyanquis», diría su mentor venezolano, Hugo Chávez.
El entredicho entre Brasil y Ecuador, además de lo verbal, tuvo su escalada en los hechos: a la expulsión de Odebrecht, le siguió una suspensión desde Brasilia de una misión técnica para el proyecto del corredor multimodal entre Manta, en el litoral ecuatoriano, y Belem, sobre el Atlántico. Hace dos semanas, con el pedido de Correa de someter la deuda ecuatoriana con el BNDES (u$s 243 millones) a un arbitraje internacional, Itamaraty decidió retirar su embajador en Quito. Para muchos, como para el grupo O Globo y especialmente las líneas más conservadoras dentro de la Cancillería brasileña, estas medidas carecieron de firmeza. O, en palabras de «Correio Braziliense», mostraron a «un gigante bonachón que no quiere hacer movimientos bruscos ni herir a los vecinos».
Uno de los defensores a ultranza de la política exterior tradicional de Itamaraty (basada en los parámetros del Barón de Río Branco) es Luiz Felipe Lampreia, último canciller del gobierno de Fernando Henrique Cardoso. En un artículo publicado hace tres días, pidió que su país modifique su clásico comportamiento y que se decida de una vez a apretar las clavijas. Paradójicamente, este diplomático -calificado muchas veces como el defensor más conspicuo de la línea «imperialista» dura de Itamaraty- pide un cambio drástico en la relación de Brasil con los otros países. «Nuestra política exterior tiene pautada la no intervención en asuntos internos de otros, respeto al Derecho internacional y la solución pacífica de controversias,» escribió. «Pero -continuó- ningún país grande renuncia a sus intereses nacionales: la política externa del Brasil enfrenta hoy nuevos desafíos y ya no puede ser conducida de forma opaca.»
El giro que pide Lampreia en la política exterior no puede aislarse de los préstamos del BNDES, insertos dentro de lo que Itamaraty llama «política de integración económica y comercial», posible sólo si hay integración física a través de caminos, puertos, hidrovías, hidroeléctricas y gasoductos. En aras de esa solidaridad regional e integración es que «hasta ahora el gobierno brasileño toleró actitudes negativas, expropiaciones y agresiones con benevolencia», dice Lampreia. No se sabe si el reclamo implica un final para el financiamiento de varias obras de infraestructura en la región. Pero la paciencia brasileña -imperialista o no- habría llegado al límite, sobre todo al conocerse que además de Ecuador, Bolivia, Paraguay y Venezuela están auditando sus deudas externas.
Según la oficina de prensa de BNDES en Rio de Janeiro, a los u$s 243 millones adeudados por Ecuador, se suman los u$s 221,3 de Venezuela, otorgados para la ampliación del subte de Caracas (con Odebrecht); los u$s 2 millones de Bolivia; y los u$s 29 millones de Paraguay para la pavimentación de la Ruta 10. Pero entre los sudamericanos, la Argentina es el país más beneficiado por los préstamos del BNDES: u$s 1.300 millones desembolsados desde 1997 hasta agosto de 2008 y una deuda actual de u$s 630 millones, en su mayor parte destinada al proyecto de ampliación de Capacidad de Transporte de Gas (Gasoducto Sur y Gasoducto Norte). El mismo fue contratado por Camessa y Albanesi y la obra está a cargo de la brasileña Odebrecht.