La Paz - La Corte Suprema de Bolivia abrió un histórico juicio contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su gabinete, acusados de genocidio por la represión a una manifestación en 2003, en momentos en que casi todos están refugiados o asilados en EE.UU., Perú y España. Ante la ausencia de los procesados, la Justicia local dictó orden de captura contra el ex mandatario y seis de sus ministros.
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«Se ha declarado la rebeldía de ministros prófugos», afirmó por teléfono el abogado Rogelio Mayta desde la sureña Sucre, sede del juicio por la represión a una protesta popular en octubre de 2003 que provocó al menos 60 muertos.
Mayta, principal abogado de las víctimas, afirmó que la declaratoria de rebeldía afectó a los ex ministros Jorge Torres Obleas (Desarrollo), Mirtha Quevedo (Participación Popular), Javier Torres Goitia (Salud), Guido Añez (Agricultura), Hugo Carvajal (Educación) y Yerko Kukoc (Gobierno).
Torres Obleas, Quevedo y Torres Goitia obtuvieron hace más de una semana protección en Perú. Mientras, Añez reside en EE.UU. y Carvajal en España, sin que se sepa su situación jurídica, en tanto el paradero de Kukoc es desconocido.
La declaratoria de rebeldía permitirá que las «autoridades bolivianas puedan emitir orden de aprehensión internacional que pueda ser ejecutada incluso por la Interpol (Policía Internacional) y nos permite reactivar la demanda de extradición» contra otras ex autoridades, dijo Mayta.
La extradición de Sánchez de Lozada y sus colaboradores Carlos Sánchez Berzaín (Defensa) y Jorge Berindoague (Hidrocarburos) ya fue solicitada el año pasado por la Corte Suprema a Estados Unidos, donde viajaron los tres al dimitir tras el levantamiento popular.
Los acusados sostienen que la protesta por la exportación de gas a Estados Unidos a través de puertos chilenos fue propiciada por el actual presidente Evo Morales y grupos izquierdistas.
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