Bonadío vs. Sbatella, por bloqueo de fondos

El juez federal Claudio Bonadío desautorizó al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, por haber ordenado el congelamiento de bienes y fondos de dos condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura que se fugaron en julio del Hospital Militar. Bonadío anuló esa disposición de Sbatella, pero ordenó por su cuenta lo mismo, por entender que el funcionario carece de facultades para hacerlo. Bonadío es el juez que había ordenado la detención de Ricardo Jaime e indagado al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

La controversia se desató a partir de la escapatoria de los exmilitares Jorge Antonio Olivera y Gustavo De Marchi. El Gobierno había resuelto, a través de Sbatella, congelar sus bienes y los de varios de sus allegados con el argumento de que los dos acusados son "terroristas de Estado" que podrían estar financiados por una estructura en su actual condición de prófugos.

Al disponer la misma medida y anular la de Sbatella, el magistrado federal interpretó que "la UIF sólo tiene la facultad de congelar los bienes de una persona en el marco de la posible existencia de actividades terroristas" y que, si bien Olivera y De Marchi fueron condenados por delitos de lesa humanidad, "aquellas conductas cesaron hace casi treinta años".

"Los delitos por los que fueron condenados ambos causantes cesaron de cometerse mucho tiempo atrás y no tienen efectos en la actualidad, o al menos ningún elemento que lo sostenga se ha acreditado en esta causa, más allá de la dogmática afirmación del licenciado Sbatella", sostiene Bonadío en su resolución difundida ayer a través del portal de informaciones de la Corte Suprema.

El juez agrega: "El hecho de que esos delitos por los cuales los hoy rebeldes fueron condenados hayan sido calificados de 'lesa humanidad' no significa, en modo alguno, que en el presente, por el hecho de estar prófugos, quienes eventualmente los estuviesen financiando estén financiando actividades vinculadas con el terrorismo de Estado". En la misma línea, apunta que "los hechos calificados por el titular de la UIF de 'terroristas' fueron cometidos en el pasado, y en este sentido los imputados se encuentran ya condenados, mientras que el delito de financiamiento (...) apunta a actividades terroristas actuales o futuras, lo que no se da en el caso".

En los últimos meses, en coincidencia con la decisión del Gobierno de enviar al Congreso varios proyectos de ley de reforma judicial, Bonadío activó una serie de expedientes sensibles que avanzaban a paso lento. Además de pedir la captura de Jaime (que luego anuló la Cámara Federal) envió a juicio oral la causa por la tragedia de Once, con varios exfuncionarios procesados, y citó a indagatoria a Moreno por las multas impuestas a consultoras que miden la inflación.