Bonafini: pesquisa sigue en secreto

Hebe de Bonafini

Para alivio de todos los protagonistas, la causa judicial en contra de Sergio Schoklender seguirá bajo secreto de sumario al menos durante diez días más. El juez federal Norberto Oyarbide extendió ayer la veda informativa con el argumento de que están en ejecución medidas que ordenó y bajo análisis las que dispuso días atrás. La decisión fue en el sentido contrario de algunas señales que había dado el magistrado en los últimos días pero llevó tranquilidad -¿será su intención?- a los imputados y a los investigadores, poco propensos a avanzar en definiciones en un período electoral.

Se trata de la quinta vez que Oyarbide dispone el secreto de sumario desde el inicio de la investigación, en mayo último. Sólo levantó la veda por pocos días pero durante la feria judicial de invierno, cuando de hecho las partes no pudieron tener acceso al expediente. La restricción le permitirá al magistrado analizar la información recogida en una serie de allanamientos que ordenó días atrás en empresas y domicilios ligados a los proveedores de la fundación Madres de Plaza de Mayo, como informó ayer este diario.

Entre los abogados de los sospechosos la noticia fue bien recibida. De haberse levantado el secreto de sumario se hubiesen acelerado los tiempos de la investigación hasta desembocar en un eventual pedido de indagatorias por parte del fiscal Jorge Di Lello. Adrián Tenca, representante de Schoklender, dio muestras de apuntar a prolongar los tiempos de la causa cuando impugnó al abogado de las Madres, Eduardo Fachal, por entender que no puede ejercer la querella y al mismo tiempo actuar como funcionario de la Defensoría General del Pueblo porteño.

En la misma línea puede inscribirse la entrega al juez Oyarbide de ocho cajas de documentación que, en una mirada preliminar, fue considerada poco trascendente por los investigadores, aunque de todos modos deberá ser analizada en profundidad.

Para las Madres tampoco hubiese sido alentador el levantamiento de la veda. Si bien Hebe de Bonafini y el resto del Consejo de Administración de la entidad no están bajo sospecha, Alejandra Bonafini, hija de la dirigente, tendrá que dar explicaciones en algún momento por operaciones inmobiliarias supuestamente irregulares.

Oyarbide y Di Lello, conocedores de la relevancia política del expediente, no demuestran mayor interés en precipitar definiciones a menos de dos meses de las elecciones generales de octubre.

Los abogados de Schoklender pasaron ayer por el juzgado y sólo pudieron llevarse copias de los requerimientos que había hecho Di Lello al inicio de las pesquisas. En esos documentos figuran sugerencias de líneas de investigación, de allanamientos y de citas a testigos, pero no pedidos de indagatorias.