Botnia: comienza en La Haya capítulo final del conflicto

La embajadora Susana Ruiz Cerrutti y el secretario de Medio Ambiente, Homero Bibiloni, preparaban ayer en La Haya los argumentos para la denuncia final contra Uruguay por la pastera de Botnia.

A las 10 de la mañana de hoy, ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), comenzará el primer capítulo de la etapa final de la resolución, al menos dentro del derecho internacional, del conflicto entre la Argentina y Uruguay por la radicación de pasteras en Fray Bentos, frente a las costas de Gualeguaychú. El Gobierno llegó hasta esta Corte con la intención de demostrar algo concreto, la pastera de Botnia es «la peor planta en el peor lugar».

Esta será la tesis que desde hoy defenderá el equipo argentino de 24 representantes, comandado nuevamente por la embajadora Susana Ruiz Cerrutti. La hipótesis de máxima con la que llegan los funcionarios a esta nueva audiencia ante la CIJ, es que el organismo internacional obligue al Gobierno uruguayo a relocalizar la pastera de Botnia y suspender las actividades del puerto de Fray Bentos. Desde el país vecino, lo que se busca es una condena contra la Argentina tan fuerte, que obligue al Gobierno de Cristina de Kirchner a reprimir el bloqueo del puente San Martín y libere esa vía de comunicación vial entre los dos estados. En el medio, la Argentina asegurará que no busca limitar o cuestionar el derecho uruguayo a «su desarrollo industrial», sino que el planteo es meramente ambiental amparado por el tratado del río Uruguay.

En concreto, el país demandará a Uruguay por haber violado en cinco oportunidades el Estatuto del Río Uruguay, firmado por los dos gobiernos en 1975 y que impone que cualquier modificación, autorización y levantamiento de un proyecto industrial que pueda llegar a afectar el funcionamiento ambiental de la zona, debe ser consensuado por ambos países. Según la Argentina, Uruguay no realizó esta consulta necesaria al autorizar los proyectos de las plantas ENCE (hoy mudada a Colonia), Botnia, los puertos de ENCE y Botnia, y el permiso para que la pastera finlandesa pueda retirar 60 millones de metros cúbicos diarios de agua del río Uruguay. La de hoy será la primera de cuatro jornadas consecutivas de tres horas, donde Ruiz Cerrutti y el resto de los representantes argentinos (entre los que figura además el secretario de Medio Ambiente Homero Bibiloni) plantearán las acusaciones contra Uruguay y presentarán las pruebas y argumentaciones a favor de la condena contra el país vecino. El viernes, sábado y domingo no hará actividad y el próximo lunes 21 de setiembre, será Uruguay el que comience con sus presentaciones hasta el jueves 24. También serán cuatro jornadas de tres horas cada una. En total, en esta primera etapa, ambos estados tendrán 12 horas para plantear sus posiciones.

El segundo capítulo de la etapa final del litigio por las pasteras de Fray Bentos comenzará el lunes 28 de setiembre. Ese día y el martes 29, la Argentina podrá contestar y replicar las posiciones uruguayas, mientras que este país tendrá la misma alternativa el jueves 1 y el viernes 2 de octubre. Ese día, a las 12 del mediodía, culminarán las audiencias públicas y luego habrá que esperar que el tribunal de La Haya se tome su tiempo para dar el veredicto final. Para esto la Corte no tiene límites, y puede demorar todo lo que considere necesario para emitir un fallo definitivo que además es inapelable. Las cancillerías de ambos países en litigio especulan igualmente en que la noticia sobre la decisión final, no se conocerá antes del primer trimestre de 2010. Sucede que desde el 1 de diciembre, los jueces de La Haya deben concentrarse en el caso más complicado de los últimos tiempos: el que trata de la violación de derechos humanos en Kosovo.

Los argumentos que desde hoy expondrá desde la consejera legal de la Cancillería y ex ministra de Relaciones, Ruiz Cerrutti, hablan de la violación al Estatuto del Río Uruguay», que las dos naciones firmaron en 1975. Este tratado regula la «óptima utilización y racionalización» de ese río limítrofe entre los dos países y establece que Buenos Aires y Montevideo se comprometen a la «conservación, utilización y explotación» de sus recursos naturales con vistas a la «prevención de contaminación». Siguiendo este argumento, Uruguay, al autorizar «unilateralmente» la construcción de Botnia y en su momento ENCE, más los dos puertos y el retiro de agua, violó en cinco oportunidades el Estatuto. Además la Argentina hablará de la insistencia de Uruguay de no suspender la construcción de Botnia, cuando se desarrollaba el caso (el tribunal de La Haya lo autorizó bajo responsabilidad del país vecino si se confirmaba el nivel de contaminación), y de la poca voluntad de negociación.

Para la Argentina, Uruguay debería haber consultado a la Comisión Administrativa del Río Uruguay (CADU) la intención de avanzar en los proyectos, y éste hubiera tenido luego 30 días para avalarlos. Para el Gobierno argentino, nunca hubo formal e institucionalmente este pedido de autorización.

La fase escrita de este contencioso, cuando los países enfrentados presentan sus respectivas memorias con los argumentos principales, finalizó en julio de 2008 y las audiencias orales que comienzan mañana se extenderán hasta el 2 de octubre próximo. Las fuentes detallaron que la delegación argentina insistirá en que Uruguay incumplió «obligaciones de información y consulta previa», que dispone el Estatuto del Río Uruguay al aceptar que la planta de Botnia se haya puesto en marcha en noviembre de 2007. En ese sentido, advertirá que la papelera instalada en la localidad uruguaya de Fray Bentos «generó diversos y recurrentes episodios de contaminación que se manifestaron, entre otros fenómenos, en la emanación de olores nauseabundos que afectaron a las poblaciones argentinas próximas a la planta».