18 de noviembre 2016 - 00:00

Brasil: el Congreso busca una virtual amnistía para políticos y empresarios

El establishment reacciona ante la inminencia de las delaciones premiadas negociadas por varios ejecutivos de la constructora Odebrecht.

Emblema. Sérgio Moro es el juez que con sus investigaciones sobre el “petrolão” acorraló a la clase política de Brasil. Esta va por su revancha.
Emblema. Sérgio Moro es el juez que con sus investigaciones sobre el “petrolão” acorraló a la clase política de Brasil. Esta va por su revancha.
Brasilia - Ocurrió en Italia con el caso "Manos Limpias" y podría suceder en Brasil con la operación "Lava Jato": el Congreso contraataca con un arsenal de proyectos de ley que buscan proteger a sus miembros del avance de las investigaciones contra la corrupción en Petrobras.

Las tentativas se aceleraron ante la inminencia de una confesión masiva de ejecutivos de la constructora Odebrecht, en el centro del monumental fraude a la petrolera estatal, que implicaría a legisladores, gobernadores y políticos de primera línea por el desvío de miles de millones de dólares de los cofres públicos.

La batalla sorda entre la Justicia y los principales partidos está saliendo a campo abierto, con la multiplicación de iniciativas parlamentarias que podrían limitar la acción judicial.

"Cuanto más se aproximan las investigaciones a quienes están en el poder, más reacciones habrá. Los que se imaginaban inmunes a la jurisdicción criminal buscan crear mecanismos que impidan la continuidad de la investigación", dijo el presidente de la Asociación de Jueces Federales de Brasil, Roberto Veloso.

La Cámara de Diputados discute una serie de medidas contra la corrupción impulsadas por fiscales de la operación "Lava Jato" (lavadero de autos), como se conoce a la investigación del "petrolão", que fueron respaldadas por dos millones de firmas. Pero, paradójicamente, una iniciativa podría abrir la puerta a una virtual autoamnistía a los casos de "caja dos", las donaciones de campaña no declaradas que suelen encubrir delitos graves como el lavado de dinero de la corrupción.

En caso de convertirse en ley, la nueva tipificación de la "caja dos" como un crimen más grave daría por tierra con la ley vigente y dejaría a salvo a quienes están ahora en la mira de la Justicia, porque ninguna norma puede aplicarse de forma retroactiva.

"Si criminalizan a todos los que usaron la 'caja dos', terminarían con esta generación política", aseguró un asesor de uno de los principales partidos de Brasil, que pidió no ser identificado.

El jefe de los fiscales de la República, Rodrigo Janot, advirtió sobre ese riesgo la semana pasada y pidió no olvidar las enseñanzas de la megainvestigación de corrupción en Italia, citando las trece medidas que aprobó el Parlamento de ese país para erosionar la operación "Mani pulite".

El diputado Onyx Lorenzoni, a cargo del informe que debe ser sometido a voto en el Congreso brasileño, reconoció el nerviosismo ante la proximidad de las delaciones de Odebrecht.

Según los medios, el exjefe de la constructora, Marcelo Odebrecht, condenado en 2015 a 19 años y 4 meses de cárcel, y decenas de ejecutivos de la firma están a punto de cerrar un acuerdo a cambio de una reducción de esa pena.

"Sin duda alguna, eso preocupa y tal vez explique las tentativas para limitar las investigaciones", señaló el legislador del partido conservador DEM.

El titular del Senado, Renan Calheiros, una de las espadas del PMDB del presidente Michel Temer, explotó el mes pasado cuando la Policía detuvo a cuatro integrantes del cuerpo de seguridad de la Cámara alta por sospechas de que habían ayudado a "limpiar" micrófonos instalados por la Justicia en domicilios privados, esto es fuera del Congreso, donde tienen limitado su accionar.

Calheiros enfrenta ocho causas en el Supremo Tribunal Federal, la mayoría por Petrobras. Tras el incidente, sacó un proyecto de su autoría para castigar "abusos de autoridad" de agentes públicos y pidió cortar el pago de la jubilación a miembros del Poder Judicial que cometan faltas contra la administración pública.

Según Janot, la propuesta abre la posibilidad de criminalizar a los jueces por hacer su trabajo.

En el Senado también se instaló una comisión para detectar "supersalarios" en el sector público. La iniciativa es vista como otro mensaje a la Justicia, donde se sospecha se concentran las violaciones más flagrantes al techo de ingresos permitido por categoría.

En sintonía con la última avanzada legislativa, la Cámara de Diputados intentó votar la semana pasada un amplio perdón para delitos cometidos por ejecutivos si las empresas para las que trabajaban reconocían sus infracciones, aportaban información para dilucidar los hechos y resarcían económicamente al Estado.

"Si el proyecto era aprobado en el silencio de la noche, iba a permitir amnistiar crímenes investigados por la operación 'Lava Jato'", dijeron los fiscales en un duro comunicado. La medida fue retirada de la agenda hasta nuevo aviso.

En tanto, la constructora Odebrecht se unió el miércoles al Pacto Empresarial por la Integridad y contra la Corrupción, una iniciativa del Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social de la que forman parte 420 firmas. De ese modo, se comprometió a "divulgar" y "hacer cumplir la ley anticorrupción entre sus empleados y grupos de accionistas", además de "vedar cualquier forma de soborno" y "trabajar" por la "transparencia" en las contribuciones a las campañas políticas.

Agencias AFP y EFE, y Ámbito Financiero

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