Fuentes de la presidencia comentaron que Rousseff no perdió la esperanza de ser declarada inocente en el juicio político que ayer mismo se puso en marcha en la Cámara alta con la elección de la Comisión Especial que debe tratar su caso en primera instancia. En ese sentido, como moneda de cambio, está dispuesta a que se llame a nuevos comicios en octubre, en coincidencia con las previstas para la elección de intendentes.
La posibilidad fue mencionada anteriormente, pero la novedad es que ahora varios senadores la avalan.
El mandato de Rousseff concluye el 31 de diciembre de 2018, pero la mandataria llegó a la conclusión de que aún saliendo airosa del "impeachment" su capacidad de gobernar se vería severamente afectada. Así, tomó algo de más de cuerpo la idea de llamar a elecciones lanzada por un grupo de senadores oficialistas y algunos opositores, como es el caso de Cristovam Buarque, quien ayer declaró que la "mejor salida" es ir a las urnas pues la mayoría de los brasileños no quiere "ni a Dilma ni a (Michel) Temer", el impopular presidente del país, acusado por aquella de ser "el jefe de los conspiradores".
"Así como adelanto que votaré por la apertura del juicio político, no puedo anticipar si dentro de cuatro, cinco o seis meses voy a votar por la condena de la presidenta. Ese es otro tema", dijo Buarque, primer ministro de Educación de Luiz Inácio Lula da Silva en 2003 pero luego fuertemente distanciado del Partido de los Trabajadores.
El senador respaldó la "opinión de la mayoría de los brasileños, que no quieren ni a Dilma ni a Temer, y preferirían que haya elecciones directas este año. Porque no nos engañemos en pensar que cuando llegue Temer las cosas se solucionarán", observó.
Otro senador, Roberto Requião, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de Temer, coincidió en que la mejor solución pasa por la convocatoria a nuevos comicios. "Sería extraño e ilegítimo tener un nuevo Gobierno que asuma sin compromisos con el pueblo, sin decir explícitamente hacia dónde va y sin consenso popular", indicó.
En coincidencia con una encuesta del fin de semana de Datafolha, un estudio de Ibope divulgado ayer indicó que el 62% de los brasileños apuesta por nuevas elecciones presidenciales para superar la crisis política. Asimismo, más de la mitad quiere que tanto Rousseff como Temer renuncien y que se celebren nuevos comicios.
Por el contrario, el 25% desea que la jefa de Estado permanezca en el cargo y sólo el 8% contestó que la mejor vía para resolver la coyuntura es la asunción del vice.
En tanto, el Senado conformó ayer la Comisión Especial que analizará el proceso de destitución de la mandataria, inicio de una deliberación que podría apartarla del cargo en pocas semanas.
Tras una derrota apabullante en la Cámara de Diputados el 17 de abril, la eventual continuidad del "impeachment" será analizada por una comisión de 21 senadores que tendrán hasta diez días útiles para llegar a una conclusión y recomendarla al pleno del Senado. Si la mayoría de los senadores ratifica la decisión de los diputados -en una votación prevista para mediados de mayo-, Rousseff sería suspendida de su cargo por hasta 180 días a la espera de una sentencia definitiva, mientras se desarrolla el juicio propiamente dicho. En ese caso, asumiría Temer.
Más de un tercio de los 21 senadores que integran dicha Comisión Especial es objeto de investigaciones en el Supremo Tribunal Federal. En la lista se destacan los nombres de la senadora Gleisy Hoffmann, del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), y Aloísio Nunes Ferreira, del opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB).
Hoffmann, del sureño estado de Paraná, jefa de gabinete y muy próxima a Rousseff, es investigada por supuesto financiamiento ilegal de una campaña electoral en el marco del "petrolão".
Nunes Ferreira es senador por el estado de San Pablo y preside la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. La semana pasada fue enviado por el vicepresidente Temer a Estados Unidos donde explicó a legisladores de aquel país que el "impeachment" es legal y desmintió que sea un golpe, como dice el oficialismo.
El legislador socialdemócrata también es investigado en el Supremo por su presunta vinculación con la trama de corrupción en Petrobras.
| Agencias ANSA, AFP, EFE y Brasil247, y Ámbito Financiero |
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