Calma electoral para gremios: esperan decreto por $ 800 M

• LA CGT OFICIALISTA NEGOCIÓ CON EL GOBIERNO UNA SUBA DEL 40% EN EL MAYOR SUBSIDIO PARA LAS OBRAS SOCIALES

Antonio Caló, Liliana Korenfeld, José Luiis Lingeri

En plena campaña electoral, el Gobierno les prometió a los sindicatos la entrega de 800 millones de pesos adicionales para sus obras sociales. Se trata de un aumento del 40% en el Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), que fue instaurado el año pasado y que para el mes próximo habrá distribuido 2.000 millones de pesos. El compromiso fue asumido el mes pasado por la superintendente de Servicios de Salud (SSS), Liliana Korenfeld, ante dirigentes de la cúpula de la CGT oficialista que lidera Antonio Caló.

La negociación se desarrolló en silencio y al calor de la campaña por las primarias de agosto, mientras el Gobierno evalúa el mejor momento para dar una respuesta ante el reclamo de todos los sectores sindicales por una modificación en el Impuesto a las Ganancias. Por lo pronto, el núcleo más afín al Ejecutivo en la central obrera confirmó un acto para este jueves en apoyo a los candidatos a diputados nacionales por el Frente para la Victoria (FpV) en el gremio de los mecánicos (SMATA), como informó ayer este diario.

A fines de junio, el jefe del sindicato de Obras Sanitarias y directivo de AySA, José Luis Lingeri, mantuvo encuentros con Korenfeld para acordar un alivio para las finanzas de las obras sociales. Fuentes oficiales admitieron que hubo acuerdo para renovar por un año más el SUMA, que en agosto del año pasado fijó la distribución de $ 2.000 millones durante doce meses bajo una fórmula que tuvo como variable principal el número de beneficiarios de las entidades de salud de los gremios.

El subsidio es una de las principales fuentes de financiamiento de las obras sociales junto con los fondos reintegrados por los tratamientos médicos más complejos y los remedios más costosos a través de la SSS. Entre ambos rubros se distribuyen al año unos $ 3.500 millones.

Los montos, sin embargo, están lejos de los cerca de $ 20.000 millones del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que está integrado por porcentaje de los aportes de las organizaciones a la AFIP y que no deja de crecer todos los años. Ese fondo es eje de las demandas de todos los gremios, en particular los alineados con la CGT opositora de Hugo Moyano, que había prometido iniciar juicios para lograr su reparto.

Durante la negociación del año pasado, la CGT de Caló había planteado una rebaja impositiva del 15% que en la actualidad les retiene la AFIP a las 300 obras sociales nacionales para engrosar el FSR; los dirigentes habían sugerido pasar al 10 por ciento. En lugar de esa disminución, el Gobierno eligió entregar un monto equivalente (los $ 2.000 millones) pero bajo la modalidad de subsidio, lo que le permite mantener el control sobre su ejecución.

Compensación

En el Gobierno explicaron que la suba del 40% (casi el doble del promedio negociado este año en paritarias) se explica parcialmente en la necesidad de compensar la baja en otro monto que otorga la Superintendencia y que tiene mayor impacto en los sindicatos con trabajadores de bajos ingresos. Dijeron que el Subsidio Automático Nominativo (SANO), que completa con fondos públicos el valor del Programa Médico Obligatorio para los afiliados cuyos salarios no alcanzan a cubrirlo -y que representa en la actualidad $ 350 millones al año-, se reduce ante cada aumento acordado en paritarias.

La modificación del SUMA demandará un decreto con la firma de Cristina de Kirchner, que los dirigentes aguardan para antes de las primarias del 11 de agosto. Del total de recursos previstos en el subsidio, el 20% se reparte en partes iguales entre las obras sociales con más de cinco mil afiliados. El 80% restante se distribuye "en forma directamente proporcional al número de afiliados" de cada entidad, de acuerdo con el decreto 1609/2012, que dio origen al mecanismo.

Desde que sellada la fractura de la CGT -en julio del año pasado, cuando Hugo Moyano se hizo reelegir por un puñado de sindicatos aliados y formalizó su pase a la oposición-, los dirigentes oficialistas dieron por sentado que obtendrían respuestas a las demandas que el Gobierno le había negado hasta entonces al camionero.

Sin embargo, los ajustes que practicó desde entonces el Ejecutivo en Ganancias y asignaciones familiares estuvieron muy por debajo de las expectativas. Tampoco consiguieron los gremialistas lugares destacados en las listas del FpV, y el único dirigente que logró colarse en un puesto con chances de conseguir una banca de diputado nacional fue el número dos del SMATA, Oscar Romero.

Respuestas parciales

En cambio fueron más fructíferas las negociaciones silenciosas que mantuvieron Lingeri y Andrés Rodríguez (estatales, UPCN) con Korenfeld por los recursos de las obras sociales.

Si bien se mantuvieron siempre las quejas por la demora en el pago de los reintegros por las coberturas médicas más complejas, el Gobierno les concedió el SUMA y también la creación de un padrón de afiliados discapacitados, que sistematizó el reembolso de los valores por sus tratamientos.

Una vez concretado el aumento en el SUMA, esos fondos terminarán por aliviar las finanzas de todas las obras sociales, incluso las de gremios opositores, aunque el crédito por la negociación quedará para la cúpula de la CGT oficialista. Esa gestión dilató una posible ruptura en la central de Caló luego de que el sector de los "gordos" de los grandes gremios de servicios se alineara con el Frente Renovador de Sergio Massa, y pusiera como candidato a diputado nacional a Héctor Daer, de Sanidad.

De todos modos, oficialistas y opositores daban por hecho el avance hacia una reunificación de todas las versiones de la CGT luego de las elecciones legislativas de octubre próximo y antes de fin de año.