- ámbito
- Edición Impresa
Cámara Electoral ordenó controlar encuestadoras
Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera
El fallo llegó con el timming justo porque aparece en un contexto en el cual la gran mayoría de empresas son fuertemente cuestionadas o bien por su performance errática (en algunos distritos los errores son directamente escandalosos producto de la diferencia entre la estimación y la realidad) o bien porque no es del todo transparente quiénes contratan sus servicios.
A 10 días de las elecciones primarias, la Cámara emitió una acordada que insta a las encuestadoras a inscribirse en un registro y a presentar "por cada estudio que realicen" la "correspondiente ficha técnica que contenga un informe individualizado del trabajo efectuado".
Los magistrados Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Rodolfo Munné resolvieron "instar a las empresas que realizan mediaciones político-electorales a que den cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 44 ter y 22 quáter de la Ley 26.215", de financiamiento de los partidos políticos.
La resolución extraordinaria afirmó que "las empresas que hagan públicos sus trabajos deben inscribirse previamente en el Registro de Empresas de Encuestas y Sondeos de Opinión del Tribunal y, por cada estudio que realicen, presentar la correspondiente ficha técnica que contenga un informe individualizado del trabajo efectuado".
La acordada coloca a la Cámara en el centro de la escena y, sumada al fallo sobre el tope de boletas en la provincia de Buenos Aires, reivindica la voluntad permanente de esa instancia judicial que es la de organizar enteramente el proceso electoral (como sucede en otros países de la región) en lugar del Poder Ejecutivo.
Los camaristas establecieron de forma tajante que las encuestadoras deben elevar "el detalle sobre la metodología científica utilizada, el tipo de encuesta, el tamaño y características de la muestra, el procedimiento de selección de los entrevistados, el error estadístico aplicable, la fecha del trabajo de campo y el nivel de confianza bajo el que fue realizado el trabajo".
La acordada revive, además, el debate sobre el alcance que tiene la Justicia electoral al momento de regular la propia realidad que implica una campaña proselitista. Son conocidos los antecedentes de fallos relacionados con cartelería en la vía público que nunca llegaron a cumplirse.
El desafío para esas aspiraciones de los jueces está signado en gran parte por el cambio de paradigma que caracteriza a las campañas electorales: actualmente estos dispositivos tienen costos millonarios, se despliegan estrategias de fundraising y se abre una cantidad de recursos y maniobras cuyos tiempos en general van por delante de las resoluciones de los tribunales.
No por nada en otros países los jueces exigen, por ejemplo, que toda la publicidad proselitista sea gratuita y esté regulada desde el Congreso.
Según estipuló la Cámara, las consultoras también "deben establecer los datos sobre quién realizó la contratación y el monto facturado".
En la acordada, los magistrados recordaron que la Ley 26.215 "expresamente prohíbe a aquellas empresas que no se encuentran durante el período inscritas en el Registro a difundir, por ningún medio, trabajos de sondeo o encuestas de opinión, durante el período de campaña electoral".
En su defecto, recalcó que las empresas que incumplan lo dispuesto durante dos elecciones consecutivas "serán sancionadas con la prohibición de inscribirse en el Registro" por un período de dos a cuatro comicios.
Los magistrados recalcaron que actualmente "la cantidad de encuestas difundidas por distintos medios a la opinión pública no se condice con el exiguo número de informes técnicos presentados", ni con las empresas anotadas en el registro. Actualmente, sólo ocho firmas estarían ajustadas al reglamento.
"La evidencia de la realidad actual demuestra que la cantidad de encuestas difundidas por distintos medios a la opinión pública no se condice con el exiguo número de informes técnicos presentados, privando así a la ciudadanía de la información sobre la metodología utilizada en la elaboración de las mediciones ya publicadas", agregaron los jueces en la acordada extraordinaria.