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Cámara puede fallar sobre DNU de reservas a partir de esta semana
El DNU 298 dictado por Cristina de Kirchner a principios de marzo está actualmente suspendido a raíz de las acciones de amparo presentadas por la UCR y el PJ disidente, que solicitaron que se extendieran las medidas cautelares ordenadas sobre el primer DNU, el del Fondo del Bicentenario, para la nueva disposición.
La jueza federal en lo Contencioso Administrativo, Claudia Rodríguez Vidal, hizo lugar el 5 de marzo pasado a las presentaciones del radicalismo y el PJ disidente, al considerar que el nuevo DNU había sido dictado «con premura», «antes de que pudiera tener lugar la intervención del Congreso» y con el objetivo de evitar el cumplimiento de una medida cautelar previa que prohibía el uso de las reservas del Banco Central. Ese mismo día, la Procuración del Tesoro apeló el fallo y la magistrada estableció un período de hasta 10 días para que ambas partes expongan sus argumentos.
Ese plazo se cumple esta semana, por lo que el caso estaría en condiciones de ser elevado a la vapuleada Cámara en lo Contencioso Administrativo para que resuelva la apelación del Gobierno. En esta instancia, sin embargo, las presentaciones vuelven a dividirse, al formar parte de la demanda inicial (lo que se pidió fue que se extendiera la medida cautelar).
El amparo impulsado por los diputados radicales Oscar Aguad y Ricardo Gil Lavedra está en la sala IV del tribunal de alzada, integrado por los jueces Jorge Morán y los subrogantes Sergio Fernández María Márquez, ambos recusados por la UCR por sus supuestas vinculaciones con el oficialismo.
La presentación de la diputada por el PJ disidente, Graciela Camaño, tramita, en cambio, en la sala I de la Cámara, integrada por Néstor Buján, Clara Do Pico y Pedro Coviello. Buján fue otro de los jueces recusados por la oposición en enero pasado por la demanda del Fondo del Bicentenario, mientras Do Pico fue una de las dos magistradas que confirmó la medida cautelar dictada por la jueza de primera instancia María José Sarmiento.
Ambas salas estarían en condiciones de pronunciarse sobre el nuevo DNU antes del 7 de abril, fecha en la que el Senado tratará un tema que todavía no presenta asomos de solución en el ámbito legislativo. Así, una disposición favorable del tribunal de alzada permitiría al Gobierno usar finalmente las reservas, después de meses de desgaste y cruces con la Justicia.


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