La Habana - El Congreso cubano hizo caso al presidente Raúl Castro de "llamar a las cosas por su nombre" y legalizó lo que ya es real en la isla: la existencia de pequeñas empresas privadas, que hasta ahora viven en un limbo jurídico.
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El debate sobre las empresas privadas marcó el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) celebrado en abril de 2016, pero en aquel momento los más de 1.000 delegados que participaron no consiguieron llegar a un consenso sobre los documentos que definen el modelo de socialismo en Cuba.
En aquella ocasión, Castro pidió dejar "los eufemismos" porque la autorización a los trabajadores autónomos de poder contratar "fuerza de trabajo" conllevó en la práctica la existencia de esas pequeñas empresas privadas pero que funcionaban sin la debida personalidad jurídica.
Después de un año el debate se consiguió cerrar ayer con la decisión tomada por el Parlamento cubano de reconocer la existencia de empresas privadas y la necesidad de otorgarles personería jurídica.
La medida aprobada es un paso más en las reformas económicas que impulsa Castro desde su llegada a la presidencia hace siete años.
Al principio de su mandato se ampliaron a 200 categorías las licencias autorizadas para el trabajo por cuenta propia y también se permitió la creación de algunas cooperativas que no fuesen agropecuarias, como sólo se podía hasta entonces.
Según las autoridades cubanas, el año 2016 se cerró con 535.000 licencias de cuentapropistas, principalmente en sectores como los pequeños transportistas, los arrendadores de habitaciones particulares o los servicios gastronómicos.
El Gobierno cubano quiere que las pequeñas empresas privadas se centren en el sector servicios, mientras que el Estado mantenga la hegemonía de los sectores estratégicos como el turismo, la energía o la biotecnología.
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