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Campaña electoral le traba fondos a Macri para obras
Mauricio Macri
Entre los proyectos que resultan polémicos, la semana pasada se aplazó el que dispone del pase a remate de tres inmuebles en el barrio vip de la Ciudad de Buenos Aires, Catalinas. Si bien la iniciativa, que el año pasado envió el Gobierno de la Ciudad a la Legislatura, cuenta con despacho en comisión y la semana pasada estaba anotada en la lista de temas a tratar, el debate se anuló en la sesión ordinaria, que trató otras cuestiones menos controvertidas.
Con el remate de esos bienes, entre ellos un terreno sobre la avenida Alem y Córdoba donde actualmente funciona una estación de servicio, la administración macrista piensa obtener unos $ 300 millones. No sólo los necesita, de acuerdo con el Presupuesto 2009, sino que ya fueron incluidos como ingresos y destinados al área del Ministerio de Educación, pero con la exclusividad de que se utilice ese dinero para infraestructura y no para gastos corrientes. La ley necesita de 40 votos y ser sancionada dos veces: tras la primera, luego se hace una audiencia pública y finalmente se vuelve a votar para considerarse aprobada. Por eso el trámite no estará antes de las elecciones.
Leyes
Con la recaudación «estancada» como definen en el Ministerio de Hacienda, que conduce Néstor Grindetti, y sin fondos extra, la administración porteña ha recurrido a la emisión de letes, en principio por $ 50 millones de los cuales $ 30 millones ya se comprometieron al Gobierno de la provincia de San Luis. Pero ese no sería el único acuerdo económico (rechazan el político-ver nota aparte) con Alberto Rodríguez Saá. Además, hay un proyecto para que San Luis invierta en el reparado de calles de la Ciudad de Buenos Aires, pero con un monto que superaría los $ 100 millones. El año pasado Rodríguez Saá y Macri firmaron un convenio de cooperación mutua que especifica que los compromisos presupuestarios se fijarán con acuerdos puntuales y específicos. Entre ellos, se suscribió uno para que la provincia se haga cargo de la informatización tributaria de la Capital Federal, a través de una consultora estatal de San Luis.
Por otra parte, el Gobierno porteño espera aún una respuesta del Gobierno nacional acerca de la autorización para emitir bonos de deuda por u$s 500 millones que le negó el año pasado, por lo cual recurrió a la Justicia que recientemente admitió la queja.


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