Campo le da tregua de 30 días a Domínguez

Eduardo Buzzi (Federación Agraria), Hugo Biolcati (Sociedad Rural), Carlos Garetto (Coninagro) y Mario Llambías (CRA), ayer, al salir de la reunión con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez. Hubo coincidencia en que es necesario «recuperar la confianza» entre el Gobierno y la dirigencia rural.

La reunión entre el nuevo ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y la Mesa de Enlace no ofreció sorpresas ayer y apenas superó el plano protocolar. A más de dos meses del último encuentro, durante poco más de una hora, ambas partes mostraron nuevamente sus cartas: el Ejecutivo pide más tiempo y plantea deslizar el problema hacia el ámbito técnico; el campo acepta una nueva tregua -de un mes-, pero insiste en que la solución sólo surgirá en el plano político.

A las nueve en punto de la mañana se presentaron los titulares de CRA, Sociedad Rural, Federación Agraria y Coninagro en la sede del Ministerio en Paseo Colón al 900. Allí los recibió Domínguez, quien se limitó a presentarse y a comunicar cuál será su metodología de trabajo. Según informó, a partir de ahora habrá reuniones en el ámbito del INTA, «donde CRA, SRA, Coninagro y FAA tienen representantes conforme lo establecen las leyes vigentes», se indicó desde el Ministerio.

La próxima cita -en el INTA- será el martes, en tanto que dos días después se convocará al Consejo Federal de Ministros de Agricultura de todo el país. Al primero de estos convites no asistiría la primera plana de la Mesa de Enlace, en tanto que no se agendó otra fecha para recibir a solas a los presidentes de las cuatro entidades rurales.

La propuesta de Domínguez no convenció a los ruralistas, que no ven bien que la problemática del agro pase a ámbitos técnicos. «Muchos de los problemas del sector se solucionan desde lo político», opinó Carlos Garetto, presidente de Coninagro, que ayer exhibió mayor protagonismo que sus pares. De todos modos, la Mesa de Enlace se esforzó por mostrar algún nivel de optimismo. «Luego de dos meses sin ver a un solo ministro sentarse y establecer mecanismos de funcionamiento es un primer paso», reconoció Eduardo Buzzi, titular de la Federación Agraria.

Buzzi, Garetto y sus pares de Sociedad Rural, Hugo Biolcati; y CRA, Mario Llambías, coincidieron luego en aceptar un plazo de 30 días para esperar resultados de la gestión de Domínguez. Pero advirtieron que la conflictividad social está en aumento y que «no firman un cheque en blanco».

Saben los dirigentes que las bases y los denominados «productores autoconvocados» siguen presionando a la espera de medidas de alto impacto para el sector. La amenaza, como siempre, es la de activar paros o medidas de fuerza. Ayer se reunió en la sede porteña de CARBAP un grupo de autoconvocados que evalúa el llamado a un tractorazo hacia la Capital Federal para el próximo mes.

Tras el encuentro de ayer hubo además lugar para nuevas denuncias de los ruralistas. Pese a la manifestada propuesta de derivar la discusión al INTA, Garetto advirtió que el Gobierno planea «destruir» ese instituto. «Hay una clara intención de desarticular el INTA, que es dirigido también por las entidades. Nos quieren sacar de allí», aseguró. «Ha ocurrido otras veces que cuando las entidades han expuesto resultados técnicos, el Gobierno con su fuerza dialéctica salió a golpear a la fuente. Ya pasó con las estimaciones agrícolas», afirmó Garetto.

«Las soluciones que hacen falta son políticas y de comercialización», subrayó a su vez Llambías al salir de la reunión en la cual la Mesa de Enlace volvió a presentar el petitorio de medidas para el campo que ya fue entregado al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, el 31 de julio, en la última reunión que ambas partes habían sostenido. Desde ese entonces, el Ejecutivo sólo avanzó en la creación del Ministerio de Agricultura y en la liberación de exportaciones de trigo y maíz. También se dispuso un mecanismo de reducción del cobro de retenciones para pequeños productores de cereales, pero esta medida aún espera reglamentación.

El petitorio del agro incluye una veintena de puntos, entre los que sobresalen el pedido de límites o la eliminación de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) y la quita de retenciones para todos los cultivos. Como primer paso, sugieren segmentar el cobro de esta carga impositiva, hasta llevarla a cero. Respecto de la soja, plantean reducir la alícuota al 25%. Piden, además, que acabe la intervención de la Secretaría de Comercio Interior que dirige Guillermo Moreno sobre el sector.