Con el 57%, Juan Alberto Martínez ganó las primarias en la Cuarta Sección electoral el 14 de agosto, en el tramo de diputados bonaerenses del duhaldista Frente Popular. Derrotó a otras dos boletas que no alcanzaron el 25% estipulado como piso para la minoría.
Sin embargo, Martínez -que dejó el espacio de Francisco de Narváez cuando éste acordó con Ricardo Alfonsín- no podría competir el 23 de octubre. Su boleta, que comparte con el macrismo, no fue presentada en la Justicia y, por tanto, está excluida de la elección.
El episodio fija un precedente viscoso para la naciente Ley de Primarias porque la Justicia, en dos escalas -la primera instancia de Manuel Humberto Blanco y luego la Cámara Nacional Electoral-, avaló el descabezamiento de la lista presidida por Martínez.
La clave es el protagonismo exclusivo y excluyente que se otorgó al apoderado del Frente Popular, Orlando Caporal, que no presentó el modelo de boleta de la Cuarta Sección, por lo cual el duhaldismo no tendrá en esa región postulantes a diputados provinciales.
El origen del conflicto se remonta a junio pasado, cuando el Frente Popular acordó un reglamento para el reparto de espacios -el 25% para acceder a la minoría y luego aplicación del sistema DHont- y fijó, vía dos actas -ambas de junio-, una excepción para integrar las listas mediante la voluntad de las partes, más allá de los porcentajes.
Sobre esa base, «hubo un acuerdo político», según le dijo Caporal ayer a este diario y aseguró que el sector de Martínez había accedido a ceder el primer lugar de la boleta antes de la elección, pero, señaló el apoderado, luego «no quiso cumplir con lo acordado».
El candidato sin candidatura lo niega. «¿Para qué ir a una interna donde sé que voy a tener que entregar el primer lugar?», refutó Martínez que exploró, a dúo con Emilio Monzó, dirigente y futuro ministro del PRO, la vía judicial: ganó una y perdió dos.
El caso se ramifica en varios frentes. Veamos:
Es materia de debate entre funcionarios y apoderados, pero se considera viable la posibilidad de establecer, con acuerdo de las partes, excepciones a la hora de conformar las listas. No sería raro, por caso, que se le conceda la minoría a una línea interna a pesar de que no haya alcanzado el 25%, con el objetivo de «comprometerla» con la elección.
Así y todo, la Ley de Primarias establece dos planos: hasta el día de la elección, el proceso se discute en la Junta Electoral de cada partido o frente, pero a partir de entonces -una vez que se votó- la garante de que se respeten el resultado y las pautas es la Justicia electoral. Eso entendió la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, órgano que reguló el tramo bonaerense de la votación, que decidió oficializar la lista de candidatos (es decir: los nombres) que resultó ganadora de la primaria, encabezada por Martínez, no obstante haber presentado Caporal otra tira, con Luis Fernández como primer candidato, a pesar de que este quedó segundo en la competencia. En el Frente Popular se dijo que Eduardo Duhalde le prometió a Fernández «una diputación» como parte del acuerdo para usar el partido Unión Popular, que Fernández preside.
Según Caporal, el acuerdo -que Martínez y el PRO niegan- consistía en que Fernández sería, sí o sí, primer candidato a diputado. Hubo conversaciones, tironeos y el apoderado ofreció que Martínez quede en primer lugar y Fernández segundo, pero ese orden tampoco prosperó porque significaba desplazar al cuarto lugar al macrista Mariano Barroso. Ante ese fracaso, Caporal anunció en la audiencia de oficialización de boletas (el modelo, en papel, imprescindible para estar en el cuarto oscuro) que el Frente Popular no presentaría candidatos a diputados provinciales en la Cuarta Sección. Es decir: la lista de candidatos (los nombres) fue oficializada, pero la boleta (el papel) donde deberían figurar esos nombres, no.
Allí se abrió otro espadeo: Martínez le solicitó a Blanco que le «oficialice» su boleta para poder competir y el juez lo rechazó. El candidato sin candidatura apeló ante la Cámara Nacional Electoral y ese tribunal confirmó lo resuelto por Blanco. Es decir: el único autorizado para presentar modelos de boleta es el apoderado de cada partido, en este caso Caporal, quien reivindicó la «autoridad del partido para resolver sobre sus candidatos». «Ellos aceptaron las reglas del frente que fueron fijadas por el Consejo de la Alianza, donde están representantes de los partidos que la integran, y ejecutado por la Junta Electoral partidaria», amplió. El Frente Popular lo integran, entre otros, Unión Popular, el MID y la Democracia Cristiana.
El conflicto generó un debate sobre hasta dónde un partido puede resolver sobre las candidaturas proclamadas a partir de una ley nacional. De hecho, la Junta Electoral bonaerense, en una ordenada del 27 de septiembre, dictaminó que una resolución partidaria no puede modificar una situación surgida tras el «vo-to popular». Pero la facultad para aceptar boletas es de Blanco.
A pesar de ese aval, primero Blanco y luego la Cámara Nacional Electoral consideraron que sólo el apoderado partidario está autorizado a presentar los modelos de boleta, decisión con pretensiones de ordenamiento para no sentar un precedente de que cualquier candidato puede presentar boleta. De todos modos, fija una jurisprudencia polémica: por más que un candidato gane la elección primaria, si el apoderado no está de acuerdo, puede impedirle competir en la elección general. Martínez, como último recurso, presentó un amparo para que le permitan competir y espera, a lo Altamira, un milagro. Su caso, para algunos anecdóticos, aporta un antecedente viscoso para el régimen de primarias.
Pablo Ibáñez
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