La decisión la tomó el ministro de Economía, Amado Boudou, junto con el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, tras largas jornadas de trabajo con el consorcio de bancos que participa en la transacción, Deutsche, Citi y Barclays. De estos encuentros surgió que la oferta a los pequeños inversores debía ser diferenciada y más atractiva que para el resto, con el objetivo de conseguir una participación lo más elevada posible.
Con este cambio, el valor de la oferta a los pequeños inversores aumenta y así crecen las chances de una mayor aceptación. Se estima que este grupo tiene alrededor de u$s 4.000 millones sobre un total de u$s 20.000 millones que permanece en cesación de pagos.
El objetivo es conseguir el mayor grado de aceptación posible de los bonistas italianos, alemanes y norteamericanos. En Italia, por ejemplo, el rechazo de la oferta había llegado al 35% en 2005 y también había sido elevado en las restantes jurisdicciones. En caso de que se consiga atraerlos, el grado de aceptación de la oferta podría superar el umbral del 75%.
Por lo tanto, la oferta para los pequeños inversores fue definida de la siguiente manera:
«Para que la oferta se lleve adelante, es necesario que a la Argentina le queden como mínimo u$s 1.000 millones por la emisión de un nuevo bono. Quién pone el dinero no es un tema que nos interese particularmente», explicaron fuentes del Ministerio de Economía a este diario. Así, confirmaron que para los bonistas chicos no será obligatorio suscribir el nuevo título.
Desde Economía también sugieren que pueden ser los propios gobiernos de los países donde hay bonistas que sufrieron el default los que integren los fondos necesarios para el nuevo título. Pero suena inviable. Otra posibilidad es que sean los propios bancos que asesoran en la transacción los que terminen aportando lo que falte para sumar el monto mínimo que pretende el Gobierno.
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