Canje de impuestos

Al Gobierno sólo le quedará por definir antes del 10 de diciembre el futuro de la Ley de Emergencia Pública, después de haber avanzado en Diputados con el proyecto de Presupuesto nacional 2010, la prórroga de impuestos y la reforma a la Ley de Responsabilidad Fiscal para poner en regla a las provincias excedidas en el límite de endeudamiento y déficit que fijó esa ley propuesta por José Manuel de la Sota.

Esa modificación, más la promesa en el Presupuesto de lanzar un nuevo programa de refinanciación de deudas provincias, le permitió a Cristina de Kirchner frenar algunos de los intentos por ampliar la coparticipación a las gobernaciones del impuesto al cheque y Ganancias. De todas formas, hubo cuestionamientos en el recinto, como el del salteño Marcelo López Arias, desde hace un tiempo afuera del bloque kirchnerista, y del peronista disidente Jorge Sarghini sobre la mayoría necesaria para aprobar esas prórrogas, ya que la Constitución exige una mayoría especial para sancionar modificaciones a tributos con asignación específica.

Ayer, antes del inicio de la sesión, se acordó debatir los tres proyectos al mismo tiempo. Así, junto con el Presupuesto 2010 se discutió la prórroga por diez años de la vigencia de Bienes Personales, Ganancias y Ganancia Mínima Presunta, dos años para el impuesto a los créditos y débitos bancarios y un año para el tributo especial de emergencia sobre el precio final de los cigarrillos.

Esos impuestos vencen el 31 de diciembre y hasta ahora se renovaban por 12 meses, pero esta vez el Gobierno avanzó con extender hasta 2019 un tramo de Bienes Personales, Ganancias y Ganancia Mínima Presunta.

Suspensiones

Casi como un complemento de esa votación y para calmar la crisis en casi todas las provincias, Diputados debatió la suspensión por dos años de dos artículos (el 2 y el 3) de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

El problema que se discutía anoche en el recinto es que la suspensión de la vigencia de esos dos artículos de la Ley de Responsabilidad Fiscal implica también suspender la obligación de establecer presupuestos plurianuales, normas de la formulación del Presupuesto nacional y hasta la sanción a funcionarios que comprometan indebidamente fondos presupuestarios.

De ahí que la oposición reclamara que sólo se suspendiera la vigencia de un inciso de cada uno de esos artículos para modificar el cálculo del déficit permitido a las provincias y el nivel de endeudamiento, que ya está sobrepasado.