Pacto Macri-jueces por Ganancias: Consejo define

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ACUERDO "PUENTE" DELEGA EN LA MAGISTRATURA LA "REGLAMENTACIÓN" DE CÓMO SE APLICARÁ EN 2019 - Los nombrados desde 2017 pagarán sólo sobre la diferencia con anterior salario. Hasta que se diseñe nueva fórmula que no será sobre bruto total. Guiños políticos a avance.

Tras varios devaneos, los jueces, fiscales, defensores y funcionarios que hayan ingresado a sus cargos con posterioridad al 1 de enero de 2017 comenzarán a pagar Impuesto a las Ganancias, pero a partir de 2019. Y bajo ciertas particularidades que no incluirán quitas del 35%. Pese al fallo de la Corte Suprema que volteó la medida cautelar que acotaba los alcances del tributo para los magistrados, las negociaciones con el Gobierno y simultáneas en varios frentes, se destrabaron recién ayer, luego de un conato de rebelión que atravesó al Poder Judicial. La Asociación de Magistrados, la Procuración General (por los fiscales) y la Defensoría General (por los defensores de oficio) sellaron un acuerdo “marco” con el Ministerio de Justicia que preside Germán Garavano. Ese pacto “provisorio” oficia como un “puente” y es la garantía que solicitaba de manera subterránea el Consejo de la Magistratura para abocarse a la reglamentación del pago del impuesto, el punto clave para determinar quién, cómo y cuánto pagará. Esto tendrá su primer efecto hoy en la reunión plenaria que mantenía en vilo a los jueces: se suspenderán los descuentos masivos para el próximo salario, hasta tanto no se dicte la fórmula bajo la cual se les cobrará.

Quienes hayan asumido un cargo de juez, tributarán solo por la diferencia entre su salario anterior y el actual. Y de manera provisoria, hasta que en 60 días se dé a conocer la reglamentación que estará en manos del Consejo. Para los magistrados, esta fue la condición básica para aceptar un pacto que el Gobierno quería cerrar a toda costa antes de fin de año y que lo celebró como algo “histórico”. Quedan afuera los funcionarios y los empleados que hubieran sido promovidos en sus cargos o efectivizados.

El camino para resolver un tema espinoso para el Poder Judicial ya está trazado y cuenta, según los negociadores, con el compromiso político de varios sectores para llevarlo adelante con el menor impacto posible para quienes deban tributar, atento al perenne argumento de la “intangibilidad” del salario de los jueces para ejercer su función. Ayer, uno de los promotores de la solución, el camarista Ricardo Recondo que mantuvo reuniones diarias con el Gobierno para sacar del pantano las tratativas luego de un rechazo tajante a la propuesta original de Garavano, obtuvo un último aval. El presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz se mostró de acuerdo con el plan para que a partir del año próximo se extienda el pago del impuesto. Por las dudas, y en medio del clima enrarecido que vive el máximo Tribunal, las visitas también pasaron por la vocalía de Ricardo Lorenzetti, que tampoco mostró objeciones al planteo.

El Consejo, a través de la Comisión de Administración y Financiera, a quien se le derivó la brasa caliente, “aggiornará” en los próximos meses un modelo de reglamentación basado en la acordada N°56 de 1996 donde la Corte Suprema fijó que sólo algunos ítems del salario estarían contabilizados para los descuentos. No el total del bruto, en un modelo similar al que tiene el Poder Legislativo que tampoco tributa sobre el sueldo total que percibe. También se apoyarán en los parámetros que la propia Corte, con las firmas de Julio Nazareno, Eduardo Moline O´Connor, Antonio Boggiano, Carlos Fayt, Gustavo Bossert y Augusto Belluscio dictó ese año, vía la Acordada N°20. Esto garantiza que, una vez diagramado el modelo, no tributarán el 35% dentro de la cuarta categoría, sino que sólo habrá algunos ítems en los que está dividido el salario de los magistrados que serán aplicables para los descuentos. Por ende, serán menores a ese porcentaje y no corren el riesgo de que en pocos años se termine igualando al porcentaje máximo, lo que volvió aceptable el acuerdo “macro”.

Cuando el nuevo modelo llegue al plenario del Consejo se espera que su camino este despejado de peligros: además de los consejeros jueces, el estamento político le anunció a los promotores que no pondrá objeciones. A ese grupo de apoyo se sumarán los abogados y el académico por una razón tangible: hoy, quienes hayan ingresado al Poder Judicial a algún cargo de juez, o también de fiscal y defensor a partir de 2017 pero desde el ejercicio de la profesión, pagan el 35%. Con la nueva reglamentación que esperan esté lista en febrero, tendrán un descuento inferior porque se homologará con el nuevo cálculo de descuentos que impactará en los ingresantes desde 2017, para igualar a los que entraron desde afuera al Poder Judicial o venían de carrera. Resta saber cómo repercutirá en las bases, donde había tribunales con varios focos ígneos. La garantía para una posible pax la tiene en sus manos el Consejo, donde los jueces confían en ser más fuertes que el Gobierno.

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