Elisa carrió, antes de alejarse del país, les dejó instrucciones a sus diputados para que amplíen una denuncia contra Néstor Kirchner y acusen también a Cristina de Kirchner por presunto enriquecimiento ilícito.
Lejos de sentarse a la mesa con Cristina de Kirchner, la tropa de Elisa Carrió (ella no porque está de viaje) arremeterá hoy con una denuncia contra la Presidente. Ampliará ante la Justicia la sospecha por presunta asociación ilícita que ya formuló contra Néstor Kirchner y funcionarios de la administración nacional y la extenderá a su esposa.
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Los diputados nacionales de la Coalición Cívica Fernando Sánchez, Elsa Quiroz y Juan Carlos Morán serán los voceros de esa presentación con la cual acusan a Kirchner y a la Presidente de «enriquecimiento ilícito y lavado de dinero». Para sostener la demanda, los carriosistas se fundan en la declaración jurada de los Kirchner.
Sánchez y Morán acordaron los términos de la presentación ayer a la mañana con Carrió y estarán hoy al mediodía en los Tribunales de Comodoro Py para entregar el escrito y pedir «que acredite conductas antijurídicas en relación a los señores Kirchner Néstor Carlos, Jaime Ricardo, De Vido Julio, Ulloa Igor Rudy, López Cristóbal y Báez Lázaro por la probable comisión de los delitos tipificados en los artículos 210, 174, 248 y 265 del Código Penal de la Nación y/u otro acto de posible corrupción, es que solicito a VS amplíe los términos de la denuncia a Cristina Elisabet Fernández de Kirchner por los delitos anteriormente mencionados, así como se investigue la posible comisión junto a Néstor Carlos Kirchner de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en los términos de los artículos 268 y 278 del Código Penal de la Nación».
La denuncia fue explicada en un comunicado oficial que emitió ayer la Coalición Cívica: «La presentación se hará acompañando la última declaración jurada del matrimonio presidencial que se conoció en las últimas horas», dice el texto.
«Cuando presentamos la denuncia decíamos que existía en el país una matriz de negocios expresada mediante la cooptación del aparato estatal por funcionarios que confundiendo lo público con lo privado, manipulando las licitaciones en beneficio de determinados grupos empresarios, omitiendo y/o limitando los controles a los concesionarios de servicios públicos», se denunció allí.
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