Carrió también contra obras

El llamado a licitación de la estatal porteña AUSA (Autopistas Urbanas SA), para el diseño y construcción de túneles bajo la 9 de Julio y un parque como producto de la unificación de plazas en Recoleta, sumó en contra a uno de los defensores adjuntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Sobre la licitación ya presentó un amparo judicial la legisladora electa por el kirchnerismo María José Lubertino, que debería resolverse esta semana. La queja de Lubertino fue calificada como un «disparate» por el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Entre otros argumentos para que la Justicia frene la convocatoria a los constructores, la titular del INADI sostuvo que el proyecto «privilegia el uso del automóvil en detrimento de políticas de inclusión y equidad». Por su parte, el macrista Diego Santilli alentó públicamente el debate sobre la obra. Pero la construcción no seguirá los pasos habituales. Es decir, no pasará por la aprobación de los legisladores ni por audiencia pública, ya que se sostiene en una ley mediante la cual los diputados (el año pasado) le otorgaron a AUSA, que es un ente descentralizado, la posibilidad de utilizar el producido de los peajes en obras más allá del mantenimiento de las autopistas porteñas. La norma consistió en una suerte de delegación de facultades al Ejecutivo que el kirchnerismo votó dividido junto con el macrismo. Sobre ese punto, los legisladores preguntaron, el martes pasado, a Rodríguez Larreta, durante la sesión especial en la cual acudió al recinto a brindar un informe de gestión. El funcionario macrista explicó que esos emprendimientos no se harán con recursos propios de la administración, sino con los que aporten inversores que tendrían luego la explotación de la ruta con un contrato de concesión.

Se agregó ahora que Gerardo Gómez Coronado, adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, y designado a propuesta de la Coalición Cívica de Elisa Carrió, asegura que hay «irregularidades administrativas» en el llamado a licitación. El defensor elevó un pedido de informes que deberá responder el Gobierno de Mauricio Macri.

Gómez Coronado dice que el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain, es quien debe responder a las acusaciones sobre el llamado a licitación del Parque Central Norte. Anteriormente, el funcionario presentó un pedido similar acerca de los túneles bajo la 9 de Julio.

«El supuesto incremento de espacios verdes en Recoleta no justifica transgredir las leyes y la Constitución de la Ciudad», sostuvo el defensor, y explicó en la presentación que los funcionarios deben fundamentar por qué «no se remitió el proyecto a la Legislatura ni se llamó a una Audiencia Pública».