Casación deberá definir si condenados van a prisión

• TRIBUNAL PENAL COMENZARÁ A REVISAR SENTENCIAS EN FEBRERO.• DE VIDO, COMPLICADO.

Familiares y víctimas celebraron ayer el fallo contra empresarios, funcionarios y el maquinista. El tribunal pidió, en paralelo, investigar el rol del exministro de Planificación, Julio De Vido, en la asignación de recursos a TBA. El funcionario había sido sobreseído. Su caso llegará a la Corte.

 La trama judicial de la causa Once-TBA revivirá en febrero cuando tanto los condenados como las querellas que pretendían penas mayores recurran a la Cámara de Casación Penal federal. El caso tramita en la Sala III de los jueces Juan Carlos Gemignani, Eduardo Riggi y Liliana Catucci. El destino final será en la Corte Suprema. al mismo tiempo el fallo vuelve más complejo el futuro procesal de Julio De Vido.

Las penas están atadas a la confirmación de las sentencias por parte de la Casación. Si allí confirman lo actuado por el Tribunal Oral Federal N° 2 y deniegan el recurso de apelación a la Corte, los condenados deberán ir a prisión.

La Casación ya intervino en el caso cuando los acusados formularon pedidos para posponer el debate oral. El rechazo a este recurso fue firmado por el entonces presidente de la cámara, Mariano Borinsky, y los titulares de las cuatro salas en que se divide el tribunal: los camaristas Ana María Figueroa, Ángela Ledesma, Riggi y Gustavo Hornos votaron en absoluta sintonía.

El juicio se inició en marzo de 2014. Entre el debate y la etapa de instrucción se retiraron diversas querellas que llegaron a acuerdos económicos con la empresa.

Desde el comienzo del proceso quedó en evidencia un debate sobre el fondo del juicio. El fiscal Fernando Arrigo y las querellas estuvieron a favor de que en el mismo debate se tratara tanto el estrago causado por el choque como una supuesta malversación de subsidios por parte de la firma TBA. En tanto los abogados de los ejecutivos y titulares de la empresa, así como también los representantes de los exfuncionarios alegaron que las dos causas debían tramitar por separado e incluso señalaban el caso que instruye el juez Sebastián Ramos por supuestas irregularidades en la asignación de subsidios. Todo lo que no estuviera directamente referido al siniestro debía pasar a ese juzgado.

Apartados

Esta cuestión estuvo presente a lo largo de todo el juicio porque Claudio Bonadío así lo entendió. Ni siquiera cambió cuando ese juez fue apartado del caso por irregularidades en la instrucción.

El proceso dividió a los testigos en dos grandes grupos. Por un lado familiares de damnificados que ofrecieron relatos escabrosos sobre el día de la tragedia ferroviaria. Por otro lado estuvieron los peritos técnicos que se dedicaron a dos asuntos centrales: el funcionamiento de los frenos de la formación que se estrelló y los balances contables de la firma TBA.

Para tener en cuenta: las dos pesquisas del Poder Judicial realizados a fin de esclarecer esos puntos dieron resultados favorables a las defensas. O sea, según los expertos los frenos funcionaban y la empresa no desvió recursos asignados por el Estado para subsidios.

Esto no afectó la determinación del fiscal Arrigo para, en sintonía con las querellas pedir penas duras contra todos los acusados, incluso contra aquellos que integraban el directorio de la compañía solo por una cuestión de formalismos.

Sentencias

Las sentencias resueltas por los jueces Jorge Tassara, Jorge Gorini y Rodrigo Jiménez Uriburu terminaron siendo menores a las requeridas por el fiscal y exhibieron la particularidad de que los que sufrieron las peores penas se ubican en los extremos de la trama: por un lado exfuncionarios y directivos de importancia y por el otro el maquinista Marcos Antonio Córdoba. Casi todos los empleados y gerentes de rango medio terminaron excusados.

Los plazos ahora se extienden porque la Casación se tomará no menos de 10 meses para estudiar la sentencia cuyos fundamentos aún se desconocen. Luego el caso viajará a la Corte donde es casi un hecho que Ricardo Lorenzetti será recusado porque el juez se ha expresando en reiteradas ocasiones (discursos y charlas) sobre la causa en cuestión.

La orden del Tribunal de investigar el rol de De Vido en la asignación de recursos a TBA incrementa el frente judicial del exministro porque a fines de 2014 la Casación ordenó que se reabra la causa en la cual se investiga el crecimiento de su patrimonio.

El fiscal nacional de investigaciones administrativas Guillermo Noailles fue el primero en apelar el sobreseimiento de De Vido al interponer un recurso ante la Casación. Pero este tribunal rechazó el recurso. El caso De Vido llegó así a la Corte, que en agosto del año pasado convalidó la validez de la apelación de Noailles.