Cash a cambio de sumarlos a la pelea con el campo

Eduardo Duhalde

Cristina de Kirchner no se apartó ayer una letra del estilo de conducción que cultivó junto a su marido desde hace seis años. Sin aviso previo, citó a todos los gobernadores amigos a la residencia de Olivos para comunicarles que de ahora en más la guerra con el campo no será sólo propiedad privada del matrimonio presidencial. Así, el anuncio de coparticipar las retenciones a la exportación de soja estuvo destinado a los nuevos socios en la disputa: 23 gobernadores y cientos de intendentes serán desde hoy ventanilla de reclamo para los productores agropecuarios.
Para seducirlos con la nueva asociación dispuso, como siempre con efectividad brutal vía un decreto de necesidad y urgencia que seguramente los constitucionalistas le cuestionarán desde hoy, que esos fondos los cobrarán de inmediato (goteo automático, se dice en la jerga fiscal) y con restricciones que parecen casi un chiste: deberán aplicarlos a obra pública, pero sin control de la Nación. La Presidente hasta les pidió responsabilidad en el uso.
Imposible rechazarlo para cualquier gobernador: muchos de los presentes ayer no pensaban en rutas, escuelas o cloacas. Al regreso a sus provincias los esperan sueldos impagos, protestas por reclamos de aumentos a estatales, clases suspendidas por paros y un déficit que crece día a día.
Para ellos, Cristina de Kirchner lanzó el número mágico: las retenciones se distribuirán como el impuesto al cheque. Es decir, 70% para la Nación y 30% para las provincias. Es decir, u$s 1.788 millones comenzarán desde hoy a volar desde el Tesoro a cada gobernación. A todas, porque habrá fondos hasta para las que nunca vieron una «plantita» de soja. De ahí el nombre de solidario, que el Gobierno le aplicó al nuevo fiduciario que armará con la retención al ex oro verde.
Poco tiene de verdadera coparticipación ese mecanismo; es más bien un reparto de emergencia, como el que estableció Eduardo Duhalde con el cheque en 2002 cuando el incendio fiscal en las provincias lo obligó también a repartir. Nada más lejano de las reglas que fija de la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos que nadie, desde 1988, se animó a tocar.
La otra cara del regalo será dura de sobrellevar para gobernadores e intendentes durante la campaña: Cristina de Kirchner los embarcó en la guerra con el campo y pasarán a ser responsables también por no modificar las retenciones. Para el matrimonio, el resultado fue el mejor que podrían haber soñado: decenas de aplausos de los presentes festejaron la idea.
Segunda lectura
En 10 minutos, entonces, la Presidente creyó solucionar tres problemas: el campo, la desesperación de los gobernadores y la campaña electoral, que después del adelantamiento se acerca a marcha forzada reclamando ya fondos que las provincias no tienen.
Tras la euforia en el quincho, vino la segunda lectura. Ésa fue para quienes la miraban por televisión desde las rutas: las retenciones a la soja no van a bajar más. Los propios gobernadores (con la caja provincial al rojo) se van a ocupar ahora en poner el grito en el cielo cada vez que aparezca alguna presión para bajar el impuesto a la soja. Para ellos, desde hoy hablar de la soja será hablar de la caja propia.
Así podría resumirse también la decisión de coparticipar las retenciones a la soja con las provincias. Ése fue el mensaje que salió de Olivos directamente para el campo: no hay más medidas para el sector, por lo menos en soja.
Cristina de Kirchner venía de un día complicado: la oposición le había reunido 109 diputados en una sesión especial para modificar las retenciones a soja. No fueron suficientes para sesionar, pero muchos más que los que se convocaron el año pasado en el primer intento por derogar la Resolución 125. La oposición insistió y ya se sabe cómo terminó esa medida.
La Mesa de Enlace también merecía el castigo: había participado en la sesión especial de Diputados después de cuatro rondas de negociaciones en el Ministerio de Producción donde les había ofrecido cambios en leche, trigo y carne, aspirinas para una rebelión que arrancaba de nuevo en las rutas. La histórica frase de Néstor Kirchner pareció ayer retumbar en Olivos: «¿Qué más quieren?».
El Gobierno decidió entonces que el diálogo por el campo ya no conducía a nada. Se sabía desde el martes pasado, cuando nada salió de la última reunión con la ministra Débora Giorgi. Y los Kirchner terminaron esas discusiones con la medida más temida por los dirigentes del agro: la provincialización de las retenciones. Saben que de ese proceso no se vuelve. Ningún fondo especial, tributo o reparto entre gobernadores declarado en la emergencia pudo luego desatarse.