La legislación española recoge el principio de justicia universal, lo que habilita a sus magistrados a investigar casos de violaciones a los derechos humanos ocurridas en cualquier parte del mundo. Es hoy el caso de los funcionarios israelíes acusados por un bombardeo en Gaza en 2002. Fue por ello que también el juez estrella de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, inició investigaciones sobre los crímenes contra la humanidad de las dictaduras de Chile y la Argentina y propició la detención de Augusto Pinochet en Londres en 1999. Sin embargo, en lo que fue calificado por observadores como un caso de «doble patrón» de la Justicia española, Garzón debió dejar en noviembre último la causa por crímenes cometidos durante el franquismo, que suponía la exhumación de fosas comunes, para evitar ser declarado incompetente por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
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