Caso Ferreyra, más charlado que resuelto

Mariano Ferreyra

La investigación por una presunta maniobra de coimas en la causa por el crimen de Mariano Ferreyra volvió a manos de un juez de Instrucción, que hasta ahora la había delegado en un fiscal del fuero. La decisión del juez Luis Rodríguez resultó llamativa por coincidir con la instancia en que el fiscal Sandro Abraldes había pedido indagar y detener a sindicalistas, directivos del ferrocarril Belgrano Cargas, un exjuez, un agente de inteligencia y un funcionario judicial.

La causa corre en paralelo con la del asesinato de Ferreyra, que está a punto de ingresar en la etapa del juicio oral, y se basa en una serie de escuchas telefónicas que había ordenado la jueza Susana Wilma López -a cargo del expediente principal- y en las que se mencionaba una supuesta operación para favorecer a los detenidos a cambio de dinero, que iría a jueces de la Cámara de Casación.

En el sumario conexo, Abraldes había pedido que fuesen detenidos e indagados el exjuez Octavio Aráoz de Lamadrid, que en un tramo del caso Ferreyra actuó como abogado de uno de los detenidos; el agente de inteligencia Juan José Riquelme; el jefe del sindicato Unión Ferroviaria (ya detenido en la causa originaria); Ángel Stafforini, vicepresidente del Belgrano Cargas y contador del sindicato, y Luis Ameghino Escobar, funcionario judicial responsable del sorteo de la sala de Casación que intervendría en las apelaciones de los sospechosos por el asesinato del activista del Partido Obrero.

La línea que investigó el fiscal se basa en el presunto armado de una maniobra para forzar, a cambio de dinero, el sorteo de las apelaciones en la sala de Casación integrada por los camaristas Eduardo Riggi, Gustavo Wagner Mitchell y Mariano González. De acuerdo con las escuchas, Abraldes sospecha que Aráoz de Lamadrid -que fue defensor del picaboletos Guillermo Uño- tenía confianza en esa sala porque había trabajado como subordinado del camarista Riggi.

Velocidad

La causa por presuntas coimas cobró velocidad a partir de la asunción como fiscal de Abraldes, en reemplazo de su colega Mariano Solessio, que en abril sufrió una enfermedad que lo obligó a apartarse. Desde entonces, Abraldes tomó los testimonios que había extraído la jueza López y avanzó en las imputaciones. Hasta pedirle al juez Rodríguez las detenciones e indagatorias.

En lugar de analizar esos requerimientos, el magistrado optó por detenerse en una problemática más formal del expediente: el análisis del pedido que había hecho la familia de Ferreyra para constituirse como querellante, con los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) como patrocinantes. El juez denegó la solicitud y el CELS apeló la decisión. El martes de la semana próxima, la Sala VI de la Cámara del Crimen convocó a una audiencia en la que deberá resolver esta cuestión.

Pero al mismo tiempo, el magistrado tomó otra decisión. Días atrás le comunicó a Abraldes que reasumiría el mando de la investigación que le había delegado al fiscal en un principio. Los jueces tienen la potestad de derivar en los fiscales el manejo de las pesquisas y de retomarlo en cualquier instancia sin dar mayores explicaciones. Esa atribución es objeto de un estudio que encargó la Procuración General, a cargo de Esteban Righi.

En febrero pasado, este diario informó en exclusiva que la Justicia había allanado oficinas del exjuez Aráoz de Lamadrid, sobre la base de las escuchas que había ordenado la magistrada López. Desde entonces, y a pesar de los pedidos de Abraldes, la investigación pareció empantanarse en los últimos meses.