CGT-Caló reclama $ 3.000 millones más

La CGT oficialista se despachó con un reclamo al Gobierno de $ 3.000 millones para sus obras sociales. Lo hizo la cúpula de la central durante una reunión que mantuvo el miércoles a la noche con la superintendente de Servicios de Salud, Liliana Korenfeld. El planteo giró en torno de un aumento de los valores reconocidos a las organizaciones de los gremios por la atención médica a los monotributistas, jubilados y empleadas domésticas, y por un subsidio estatal que no se ajusta hace tres años.

La organización se quejó del crecimiento del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se compone de aportes de las obras sociales y que debería tener como destino financiar las prestaciones médicas más costosas. En los últimos años no paró de crecer hasta acumular en la actualidad más de 16.000 millones de pesos. Los dirigentes calcularon que hacia fin de año habrá superado los $ 19.000 millones, por lo que demandaron la vuelta a sus prestadoras de ese excedente.

Fue una cena organizada en su gremio por Omar Viviani, jefe de los taxistas. Estuvieron el líder de la CGT afín al Ejecutivo, Antonio Caló, Gerardo Martínez (albañiles, Uocra), Andrés Rodríguez (estatales, UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Armando Cavalieri (Comercio), Héctor Daer (Sanidad), Ricardo Pignanelli (mecánicos, Smata), Horacio Ghilini (docentes privados, Sadop) y Jorge Lobais (textiles, AOT).

Korenfeld, fiel a su costumbre, se limitó a escuchar los reclamos y prometió trasladarlos. Incluso el de poner en marcha un mecanismo para frenar los traspasos de afiliados de las obras sociales a las prepagas, que había anticipado este diario. Ese sistema fue aprovechado en los últimos años por gremios pequeños sin estructura propia que tercerizaron la atención médica en privados, en detrimento de las grandes obras sociales que perdieron los afiliados más jóvenes y con mayores salarios.

La funcionaria, que se hizo acompañar por dos gerentes y miembros de su equipo, tomó nota de los reclamos: los sindicalistas exigieron más que duplicar las cápitas que pagan por su inclusión en las obras sociales los monotributistas, los jubilados que el PAMI derivó a las entidades gremiales y las empleadas del servicio doméstico. Y también demandaron un ajuste similar sobre el Subsidio Automático Nominativo (SANO), que establece los valores mínimos reconocidos a las obras sociales por la cobertura de salud de los asalariados con menores ingresos.

Andrés Rodríguez introdujo el planteo por un freno a los traspasos de afiliados de obras sociales a prepagas. Korenfeld contestó que evaluaba con abogados un mecanismo para cortarlos sin afectar derechos adquiridos. Gerardo Martínez dijo estar entusiasmado con una próxima resolución, que de salir no tendrá efectos retroactivos.