Chávez genuino: pide cárcel por “mentiras” de los periodistas

 Caracas - El Gobierno de Hugo Chávez vuelve a amenazar la libertad de prensa con un proyecto de ley sobre «delitos mediáticos» que castigará con hasta cuatro años de cárcel la divulgación de informaciones «falsas» o «manipuladas». El Colegio Nacional de Periodistas (CPN) de Venezuela catalogó la medida como una «criminalización de la disidencia política».

El proyecto de ley será presentado a la Asamblea Nacional por la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, quien coordinó su redacción. Los legisladores, la mayoría del partido oficial, lo discutirán con urgencia.

La fiscal sostiene que la ley plantea tipificar como delitos «mediáticos» las acciones u omisiones que lesionen el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, y que atente contra la paz social, la seguridad, la independencia, el orden público, la estabilidad del Estado y la salud mental o moral pública.

Uno de los artículos difundidos señala que toda persona que divulgue a través de un medio de prensa noticias falsas que ocasionen grave alteración a la tranquilidad pública, pánico en la población, que altere el orden público o que produzcan perjuicio a los intereses del Estado será castigado con entre dos y cuatro años de prisión. La pena mínima que contempla es de seis meses de cárcel.

El proyecto será presentado en medio de una ofensiva legal del Gobierno del presidente Chávez contra los medios independientes y opositores, que incluye la amenaza de suspensión de licencias a cientos de radioemisoras, un proyecto de reforma de la Ley del Periodismo y rumores sobre una ley de regulación de prensa escrita.

El Gobierno acusa a medios opositores de desarrollar lo que denomina «terrorismo mediático». En los últimos meses, las baterías han estado dirigidas hacia el canal de noticias Globovisión, que apoyó, según el Gobierno, el golpe de Estado de 2002.

En tanto, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela no se demoró en fustigar la iniciativa a través de un comunicado e hizo «un nuevo llamado de alerta a todos los venezolanos ante las terribles consecuencias que para la vida cotidiana de todos tendría la eventual aprobación de la denominada Ley de Delitos Mediáticos».

Agregó que la legislación es «una iniciativa que colocaría a los ciudadanos a un paso de ser penalizados por tener opiniones y hacerlas públicas, perfectamente enmarcada dentro de un ataque orquestado por todos los instrumentos estatales para amedrentar a la población e instarla a que haga silencio».

El gremio señaló que el proyecto es parte de un «cerco» promovido desde el Gobierno a la prensa independiente, que incluye amenazas contra radioemisoras que no repiten las consignas oficiales; la promoción de una nueva ley de periodismo; el hostigamiento a televisoras y periódicos, y la «criminalización de la disidencia política».

Agencias DPA, EFE y AFP